Las Comisiones Económicas del Congreso de la República le dieron hace unos días el primer visto bueno al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Colombia potencia mundial de la vida’, que se constituirá en la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para lo que resta de su mandato.
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En el articulado se destacan programas como la Renta Básica y Hambre Cero que, según el Gobierno, permitirán avanzar en la reducción de brechas y el derecho a la alimentación, dos de las grandes transformaciones que propone el PND.
Tanto el Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación han dicho que la principal apuesta de la administración Petro es conseguir una economía estable “que integre las expectativas de los territorios y los conduzca en los próximos años al cierre de brechas y el aumento de productividad con justicia social”.
A propósito de ese planteamiento, el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana (GovLab) se dio a la tarea de hacer un análisis al contenido del Plan, con el fin de determinar cuáles son los principales impactos de lo que allí se propone sobre los entes territoriales.
“GovLab identificó aquellos artículos que por su contenido y alcance tienen un impacto territorial y serán relevantes en términos de política pública para los próximos cuatro años en la gestión de departamentos y municipios, en aspectos como el ordenamiento territorial, la política social, la infraestructura para la movilidad, la prestación de los servicios públicos, las finanzas públicas y la contratación estatal”, señala el informe.
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De acuerdo con los resultados de la revisión, GovLab dice que el PND incorpora al menos 42 artículos con incidencia en la gestión pública a nivel regional. Estos serían los principales impactos:
Actualización catastral y procesos de estratificación
En el informe se destaca que el Plan de Desarrollo incorpora dos artículos, el 30 y 36, en los que se contemplan varias apuestas para resolver el rezago del catastro multipropósito en territorios como Norte de Santander, haciendo ajustes a la metodología y los procedimientos que están a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Explica GovLab que estas modificaciones entrarían en vigor el primero de enero del 2024, razón por la cual será responsabilidad de los gestores catastrales ponerse al día y garantizar que la información recopilada sea interoperable con otros sistemas.
El catastro multipropósito fue una de las grandes propuestas que se concibieron en el Acuerdo de Paz de La Habana, pero que en regiones como el Catatumbo siguen sin materializarse, contrario a lo que esperaban los habitantes de la zona.
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El análisis advierte, igualmente, que “el articulado plantea hacer cambios en materia de estratificación, donde la entidad responsable de formular las metodologías será el DANE y no el DNP (artículo 251-252). Ajustes que requieren a su vez, un análisis que tenga en cuenta la capacidad técnica, presupuestal y misional por el cambio de competencias institucionales que se formula”.
Clasificación de municipios por tipologías
Si bien desde el 2000 la ley estableció una categorización para las entidades territoriales que se mantiene vigente, el Gobierno Nacional propone en el artículo 28 del PND la creación de unas nuevas tipologías orientadas al reconocimiento de capacidades, la focalización de políticas públicas y de asistencia técnica diferenciada. La nueva metodología se desarrollaría en un plazo de seis meses, una vez promulgado el Plan.
“Aunque se menciona que no remplaza las categorías de la Ley 617 en lo relacionado con la racionalización del gasto público, no está claro el alcance de esta nueva tipología en la práctica”, dice el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.
Articulación para la gestión territorial
El Plan de Desarrollo ‘Colombia potencia mundial de la vida’ hace un énfasis especial en el ordenamiento territorial y la planificación del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, incluyendo conceptos como la descentralización diferencial y gobernanza ambiental.
En ese sentido, se incluyen herramientas para fortalecer dicho esquema, como la creación del Sistema de Administración del Territorio (art. 40), los esquemas asociativos territoriales (art. 29) y los pactos territoriales (art. 226).
“Estos últimos son instrumentos de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto entre la nación y las entidades territoriales. Sobre el particular, es necesario prestarle atención a los esquemas de gobernanza que se definan en cada figura y sus posibles impactos en la autonomía territorial”, dice el informe de GovLab.
Sostenibilidad de los sistemas de transporte público
Ante la crisis financiera de los sistemas de transporte público en muchas ciudades del país, el PND mantiene y amplía las alternativas para que los entes territoriales pueden garantizar la sostenibilidad de dichos sistemas (art. 138, 139, 143 y 145).
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“Se incentiva la implementación de instrumentos de captura de valor del suelo como contribución por valorización o plusvalía por obra pública; se les permitirá a los entes territoriales comprometer un porcentaje del recaudo del Impuesto Predial Unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial. También se permitirá el establecimiento de precios públicos diferenciales por acceso a zonas; el cobro por parqueo en vía; hasta la posibilidad de destinar el 60% del recaudo de las multas de tránsito para financiar los sistemas de transporte”, se puede leer en el análisis.
Focalización de transferencias y subsidios
Una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar los criterios para la focalización de transferencias y subsidios. En este sentido, se creará un sistema de transferencias (art. 51) y se establecerá un solo programa (Renta Ciudadana) que armonice las transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas (art. 52). El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), tendrá lo que resta del 2023 para definir, reglamentar, e implementar la armonización de los programas de transferencias vigentes.
Ajustes en los modelos de subsidios en servicios públicos
En el artículo 220 del PND se establecen nuevas medidas para cruzar la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios de menores ingresos, con el fin de focalizar los subsidios, según la capacidad de pago de las personas.
“El Gobierno establecerá una metodología que incluya, además, criterios asociados a la tipología de los municipios. Una iniciativa que requerirá ser estudiada con mayor detalle en virtud de sus efectos financieros en los presupuestos municipales y en las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica, gas combustible, acueducto, alcantarillado”, advierten los analistas, quienes señalan que es necesario considerar también el impacto del ajuste en el esquema de subsidios cruzados y las tarifas para estratos 5 y 6.
Arreglos al Marco fiscal de mediano plazo para entidades territoriales
El Plan de Desarrollo hace algunas modificaciones a la Ley 819 de 2003, en lo que tiene que ver con el Marco Fiscal de Mediano Plazo que deben presentar los gobernadores o alcaldes a la respectiva Asamblea o Concejo (art. 262). Este deberá incluir un análisis de la situación financiera de las entidades del sector descentralizado, teniendo en cuenta el pasivo de las entidades descentralizadas y su impacto en los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial.
Esto obligará a las Asambleas y Concejos a asegurarse de que el presupuesto y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo sea consistente con dicho Marco.
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