Alejandra Mandón Duarte, de 24 años, es una de las mujeres que, gracias a su liderazgo y participación en la defensa de los derechos de las personas LGBTQI+, ha construido una trayectoria de más de 13 años de activismo digna de admirar. 

Con su título de Normalista y su trabajo social, busca ser un ejemplo de inclusión para su región y que otras personas, al igual que ella, logren cumplir todas sus metas y sentirse seguros sin miedo a ser discriminados a razón de su género u orientación sexual. 

Su proceso de influencia surgió a temprana edad, cuando apenas estaba en el colegio, siendo contralora estudiantil, personera y activista, lo cual formó las bases que la ayudarían a fortalecer las acciones políticas que hoy rinden todos los frutos de lo sembrado, convirtiéndose en la primera mujer trans identificada en Convención. 

Ser identifica por el Estado colombiano, es un proceso de reconocimiento que demuestra ante la ley que es una mujer, pasando de masculino a femenino y que consta dentro de su cédula de ciudadanía como una verdad que nos recuerda que haber nacido con el sexo masculino, no significa, necesariamente, ser hombre, dado que transicionan, de ahí el término “trans”. 

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El acceso a su nueva identidad, con la que ha logrado ser distinguida como ciudadana de Colombia, marca un precedente que permite abrir el paso para más personas que deseen hacer lo mismo. No obstante, su proceso de registro fue largo y complicado; la notaría en la que hizo el cambio no estaba preparada y la entidad tuvo que estudiar el caso por 10 meses que retrasaron excesivamente el registro.

En Colombia, el cambio de sexo ante la Registraduría General de la Nación es una realidad desde 2015 y permite que las personas que lo requieran, puedan evidenciarlo en su documento de identidad, mediante el Decreto 1227. 

Para Alejandra, esto resulta una barrera, teniendo en cuenta que tras la radicación de la petición y la entrega de la documentación requerida para empezar el trámite, es deber de los notarios expedir la escritura pública a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes para que, una vez suscrita, el notario autorice el documento y hacer efectiva la corrección.

“La necesidad me llevó a querer a tomar cartas en el asunto, la necesidad de tener derechos y de que nadie iba a defenderlos, así nosotros mismos desde nuestras vivencias no lo hacemos, yo quería marcar un precedente y lo hice”, señaló Alejandra sobre las razones que la llevaron a alzar su voz y convertirse en un referente en su municipio y el departamento, llevando a cabo este trámite. 

Dentro de su recorrido se ha consolidado como un miembro respetable y admirado para su comunidad, siendo de igual forma la primera mujer trans en obtener su título como normalista superior de su institución, por encima de los distintos obstáculos que ha debido afrontar.  

En diálogo con La Opinión, la docente comenta que obtener su título ha sido uno de sus hitos más grandes, dada la inclinación religiosa que tiene la Normal Superior, la cual es dirigida por monjas.

De esta forma, su logro, no es solo de ella, sino también del municipio y la institución, pues, tal como lo dice, es un peldaño más para lograr una verdadera educación inclusiva que reconcilie los espacios habitados por la religión. 

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Independientemente de las barreras, la joven manifiesta haber amado cada momento del proceso, lo considera el primer escalón de su vida profesional y política, ya que aún existen muchas dificultades de acceso, en especial para las personas de escasos recursos que no pueden costear estos trámites que demandan un gasto significativo de dinero.

En su caso, el proceso tuvo un costo de 400.000 pesos colombianos, aparte de los gastos de transporte y papeleo, que se incrementan si la persona habita en zonas rurales de difícil acceso, en donde el transporte público es escaso.  

Todas estas dificultades en los trámites, para ella, empalman con la falta de información y a aterrizaje de las necesidades y contextos que vive esta población, sumado a la discriminación que sufren. Según un informe entregado por la Defensoría del Pueblo, en mayo, Norte de Santander fue el departamento con más denuncias por homofobia y transfobia.

El informe revela que entre 2021 y hasta abril del 2022, se recibieron 248 casos de denuncias a nivel nacional por violencia o discriminación, donde 33 de ellas se concentraron en el departamento fronterizo. 

La lideresa afirma que “las principales barreras que enfrentamos las personas LGBTQI+ en el departamento es que desafortunadamente hay grupos al margen de la ley en nuestros territorios, no hay garantías para poder ser”. 

El Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en la Subregión del Catatumbo, elaborado por Caribe Informativo, asegura que la violencia y la ausencia estatal han promocionado la situación de marginalidad y exclusión social. 

En ese sentido, la comunidad ha sufrido prejuicios relacionados con sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Esto se ve reflejado en casos como los de Mandón, para quien graduarse como la primera Normalista Superior trans de Convención, fue todo un reto debido a las barreras que ponían diversos escenarios de prácticas por su identidad y liderazgo.

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Sin embargo, ella menciona que la eliminación de todas aquellas barreras es lo que la mantiene firme, resistiendo y luchando desde la ruralidad por sus derechos, llevando su voz a cumbres, ponencias, espacios de incidencia ciudadana e institucional en pro de la equidad. 

En este momento Mandón se prepara para salir del país y estudiar un máster en Políticas y Prácticas para el Desarrollo, en el Instituto de los Altos Estudios de Ginebra de Suiza, esperando adquirir nuevo conocimiento y experiencia que le permita incidir de manera positiva dentro de su territorio. 

Para ella, es fundamental seguir contribuyendo a la reconstrucción del tejido social que se encuentra debilitado por el conflicto que ha marcado al departamento, especialmente a la subregión del Catatumbo.

Por consiguiente, todas las personas deberían poder expresarse, amar y vivir sin miedo a ser discriminado o agredido por su orientación sexual o identidad de género diversa, independientemente si se encuentra en zona rural o urbana.

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