Desde el 2021, en Táchira se observa a los trabajadores de Hidrosuroeste revisando los medidores de agua de las viviendas, a fin de cortar el servicio a quien no lo ha pagado, pues el agua por tubería que despacha la empresa estatal es uno de los servicios que en el lapso de un año ha aumentado su precio el 20.000%.

En un conjunto residencial del sector La Concordia de San Cristóbal, para mediados del mes de septiembre de 2021, el recibo del agua llegaba por un monto de 1 bolívar digital y en la actualidad pasó a costar 200 bolívares, equivalentes a 135.120 pesos, y cada mes registra un aumento leve, indicó Franco García, representante de la junta de condominio de un conjunto residencial privado.

El economista tachirense Aldo Contreras explicó que Hidrosuroeste empezó a categorizar a algunos sectores, pese a que en el país petrolero no existen los estratos sociales; sin embargo, han aplicado categorías como R5, R6, R6 plus, esta última abarca a urbanismos que tengan piscinas, y que por ende, pagan los montos más altos.

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En algunas urbanizaciones de la capital tachirense ya están pagando hasta 30 dólares mensuales por servicio de agua en cada vivienda, aunque no hay un tarifario de precios, precisó Contreras.

En municipios fronterizos como Bolívar y Pedro María Ureña, el agua se debe comprar en cisternas, debido a que en gran parte de estas localidades no llega el líquido por tuberías. Estos aumentos también se registran en servicios como la electricidad, gas doméstico, telefonía móvil, fija, y aseo urbano.

Los incrementos de los precios fueron permitidos en el país justo en medio de la crisis por pandemia. Por ejemplo, el precio del aseo urbano comercial en San Cristóbal está costando al rededor de 400 bolívares, equivalente a 70 dólares o 280.000 pesos, mientras que el aseo residencial se ubica en 5000 pesos semanales en algunos municipios de la zona norte del Táchira.

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Cantv, la empresa de telefonía de Venezuela, también viene subiendo los precios, pero no muestra mejoras en sus servicios, incluso usuarios consultados manifiestan que ahora les han comenzado a cobrar el equivalente a 10 dólares en adelante, a los usuarios que no paguen en la fecha establecida el monto de consumo, cobros que realizan así la línea telefónica no esté operativa.

“También es bien conocido que el Estado ha preferido subsidiar de algún modo a las barriadas más populares como 23 de Enero, 8 de Diciembre...  Porque son sectores residenciales de bajos recursos”, precisó el economista.

No obstante, indicó que Corpoelec ni Hidrosuroeste tiene la capacidad de recurso humano para realizar la lectura de todos los medidores, por lo que las zonas populares se mantienen en la categoría de R1.

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Pese a que los precios en los servicios públicos de Venezuela aún pudieran ser inferiores a lo que cuestan en otros países de sur América, en Venezuela el sueldo mínimo es de 130 bolívares, equivalente a 22 dólares u 88.000 pesos, suma que no alcanza para suplir el pago de lo básico como agua, electricidad, gas y telefonía.

Además, estos aumentos han ocurrido sin los anuncios previos a la población. Gran parte de los recibos no llegan en físico y son complicados para obtenerlos de forma digital. Durante varios años, las tarifas de los servicios públicos estuvieron fijas, pero tras la devaluación del bolívar prácticamente quedaron sin precio definido.

Ahora, el Estado ya no tiene la capacidad para seguir subsidiándolos, explicó Aldo Contreras; no obstante, el subsidio es parte del modelo económico de izquierda, pero el estado venezolano no tiene los ingresos fiscales y no fiscales que le permita sopesar los costos operativos de las empresas de agua y electricidad, por ejemplo.

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