Authored by
~Están en 27 de los 32 departamentos, casi como las Farc, y crecen a un
ritmo de vértigo, según diferentes fuentes, entre ellas algunas delo
Estado como la Defensoría del pueblo. Y con ellas crecen el delito, la
inseguridad y la violencia… y el desplazamiento.~
Están en 27 de los 32 departamentos, casi como las Farc, y crecen a un ritmo de vértigo, según diferentes fuentes, entre ellas algunas delo Estado como la Defensoría del pueblo. Y con ellas crecen el delito, la inseguridad y la violencia… y el desplazamiento.
Las bandas criminales, es decir, grupos organizados de los peores delincuentes del país, literalmente coparon a Colombia, sin que se sepa de un plan estratégico oficial para combatirlas, cuando menos, mientras se les extirpa y erradica en intervención quirúrgica de tipo militar a gran escala. Porque solamente la acción policial podría no ser suficiente.
Sin sus politizados jefes de años, que en su mayoría se sometieron a los dictados de las leyes, los paramilitares quedaron en una especie de orfandad que superaron con toda la celeridad posible, reciclando combatientes, métodos y prácticas y estableciendo alianzas con personas y organizaciones de cualquier origen, incluidas las Farc.
Fue un reciclaje que hoy les arroja impresionantes dividendos en su casi excluyente tarea de darle forma a, por ejemplo, una guerra sin batallas contra el Estado, y a un plan de extorsión a gran escala y de homicidios como alternativa, que a jefes y franquiciados les deja multimillonarias utilidades.
Porque este tipo de organizaciones actúa como si fueran empresas legales, mediante franquicias para extorsionar, traficar con drogas, armas, dinero falso, mercancías de toda clase y personas, participar de actividades de la minería ilegal, y hasta participando en las operaciones lícitas del mercado.
Nadie tiene dudas de que la inmensa mayoría de miembros de estas organizaciones criminales eran combatientes del paramilitarismo y son responsables de las más increíbles formas de violencia; todos tienen formación militar y casi ninguno tiene escrúpulos.
Los Urabeños, Los Rastrojos, las Águilas Negras, el Clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas y las Autodefensas de Norte de Santander son los nombres de la zozobra y de la intranquilidad en la mayor parte del territorio, herederos de toda una historia de gran violencia y de criminalidad descontrolada.
InSight Crime, una organización privada que estudia el crimen mundial, se refiere a Los Urabeños como “la combinación perfecta del crimen organizado colombiano, por ser los únicos en abarcar tres generaciones con experiencia criminal”.
A las órdenes de Darío Antonio ‘Otoniel’ Úsuga David, la ola de expansión de Los Urabeños está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la explotación ilegal de oro, de acuerdo con un análisis del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Gómez Otálora.
Lo más preocupante, sin embargo, no es esa expansión notoria por la mayor parte del territorio, sino que “las acciones del Estado lucen tibias cuando se ve cómo se han disparado el desplazamiento, las desapariciones forzadas y las amenazas a la población”.
La acción de estos grupos de delincuentes está generando una nueva oleada de desplazados, que se suman a los que han huido de las guerrillas y que están convirtiendo a algunas ciudades, Cúcuta entre ellas, en conglomerados de desarraigados a los que se debe ayudar, solo que no hay recursos suficientes.
En el cada vez más cercano caso de un acuerdo de paz en La Habana con las Farc, se habrá desactivado quizás la principal causa de la violencia colombiana, pero el nudo gordiano de la guerra continuará sin desatar, porque las bandas paramilitares ocuparán, como ya lo hacen, todos los espacios dejados por la guerrilla.
Y, entonces, ¿qué vendrá? ¿Otra guerra contra las bandas criminales? ¿Negociación con ellas? Ojalá sea lo segundo, pues aunque esas organizaciones carecen de una clara plataforma ideológica y política, tiene, en cambio, la capacidad para generar consecuencias de tal naturaleza con sus actividades.
La advertencia no sobra.
Las bandas criminales, es decir, grupos organizados de los peores delincuentes del país, literalmente coparon a Colombia, sin que se sepa de un plan estratégico oficial para combatirlas, cuando menos, mientras se les extirpa y erradica en intervención quirúrgica de tipo militar a gran escala. Porque solamente la acción policial podría no ser suficiente.
Sin sus politizados jefes de años, que en su mayoría se sometieron a los dictados de las leyes, los paramilitares quedaron en una especie de orfandad que superaron con toda la celeridad posible, reciclando combatientes, métodos y prácticas y estableciendo alianzas con personas y organizaciones de cualquier origen, incluidas las Farc.
Fue un reciclaje que hoy les arroja impresionantes dividendos en su casi excluyente tarea de darle forma a, por ejemplo, una guerra sin batallas contra el Estado, y a un plan de extorsión a gran escala y de homicidios como alternativa, que a jefes y franquiciados les deja multimillonarias utilidades.
Porque este tipo de organizaciones actúa como si fueran empresas legales, mediante franquicias para extorsionar, traficar con drogas, armas, dinero falso, mercancías de toda clase y personas, participar de actividades de la minería ilegal, y hasta participando en las operaciones lícitas del mercado.
Nadie tiene dudas de que la inmensa mayoría de miembros de estas organizaciones criminales eran combatientes del paramilitarismo y son responsables de las más increíbles formas de violencia; todos tienen formación militar y casi ninguno tiene escrúpulos.
Los Urabeños, Los Rastrojos, las Águilas Negras, el Clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas y las Autodefensas de Norte de Santander son los nombres de la zozobra y de la intranquilidad en la mayor parte del territorio, herederos de toda una historia de gran violencia y de criminalidad descontrolada.
InSight Crime, una organización privada que estudia el crimen mundial, se refiere a Los Urabeños como “la combinación perfecta del crimen organizado colombiano, por ser los únicos en abarcar tres generaciones con experiencia criminal”.
A las órdenes de Darío Antonio ‘Otoniel’ Úsuga David, la ola de expansión de Los Urabeños está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la explotación ilegal de oro, de acuerdo con un análisis del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Gómez Otálora.
Lo más preocupante, sin embargo, no es esa expansión notoria por la mayor parte del territorio, sino que “las acciones del Estado lucen tibias cuando se ve cómo se han disparado el desplazamiento, las desapariciones forzadas y las amenazas a la población”.
La acción de estos grupos de delincuentes está generando una nueva oleada de desplazados, que se suman a los que han huido de las guerrillas y que están convirtiendo a algunas ciudades, Cúcuta entre ellas, en conglomerados de desarraigados a los que se debe ayudar, solo que no hay recursos suficientes.
En el cada vez más cercano caso de un acuerdo de paz en La Habana con las Farc, se habrá desactivado quizás la principal causa de la violencia colombiana, pero el nudo gordiano de la guerra continuará sin desatar, porque las bandas paramilitares ocuparán, como ya lo hacen, todos los espacios dejados por la guerrilla.
Y, entonces, ¿qué vendrá? ¿Otra guerra contra las bandas criminales? ¿Negociación con ellas? Ojalá sea lo segundo, pues aunque esas organizaciones carecen de una clara plataforma ideológica y política, tiene, en cambio, la capacidad para generar consecuencias de tal naturaleza con sus actividades.
La advertencia no sobra.
