El 22 de julio de 2008, el Ejército Nacional presentó como bajas en combate a Nelson Darío Vargas Parra, Johan Manuel Guzmán Usquiano, Hugo Armando Garzón Alvarado y Leydi Katherine Gelvez Martínez, ultimados en medio de un supuesto enfrentamiento en la vereda Tejarito, del municipio de Durania. 

De acuerdo con la versión oficial, estas personas eran presuntos integrantes del frente Juan Fernando Porras del Eln y se dedicaban a extorsionar a finqueros y mineros de la zona, según denuncias de los vecinos del sector. 

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La operación, denominada Misión Táctica Jubileo, se llevó a cabo bajo la orden Mariscal y se sustentó en un informe de inteligencia emitido dos días antes de los hechos. En ese momento, las tropas de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas número 8, Afeur, aseguraron haberse enfrentado a un grupo de seis guerrilleros en un supuesto combate, donde cuatro resultaron muertos. 

Sin embargo, investigaciones judiciales determinaron que esa versión había sido un montaje del Ejército, que tal enfrentamiento nunca ocurrió y que las muertes de estas personas fueron encubiertas de forma planificada, incluyendo la simulación del combate para entregar falsos resultados operacionales. 

El relato se desprende del informe elaborado por el Grupo de Análisis de Información, Grai, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre el estudio de contexto de los homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de la Brigada 50, la Brigada Móvil 15 y Afeur, Subsala Catatumbo.  

Su lectura se dio ayer durante la Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad, presidida por el magistrado Pedro Díaz,  de la JEP, y en la que 27 comparecientes de la Fuerza Pública, no seleccionados como máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales, reconocieron su participación e hicieron sus aportes para la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

El auditorio del Tribunal Superior de Justicia de Cúcuta es el escenario donde entre ayer y hoy se cumplirá esta acción de reparación para con la memoria de 12 víctimas, aunque solo las familias de seis de ellas están presentes, mientras que las otras no accedieron o no fue posible ubicarlas. 

Y es que, aunque necesario, no es un ejercicio fácil para los dolientes de estos inocentes, ejecutados como falsos delincuentes, ver y escuchar de boca de los victimarios cómo fueron los últimos instantes de vida de sus seres queridos, asimilar los argumentos bajos los cuales decidieron ejecutarlos y, peor aún, perdonar o tratar de hacerlo. 

¿Quiénes eran? 

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue conocer a las víctimas, quienes en voz de sus familiares, eran personas llenas de proyectos e ilusiones, que no pudieron verlos materializar, porque cayeron en la macabra lotería de la muerte, para justificar éxitos operacionales. 

Johan Manuel Guzmán Usquiano tenía 17 años, trabajaba como mecánico de motos y antes de su muerte había trabajado con un contratista local, cargando piedra en Villa del Rosario. Había terminado el bachillerato en 2007 y vivía en el Barrio La Unión, de Cúcuta.

Durante la audiencia, su madre, Luz María Usquiano Rivera, contó que Johan Manuel estaba entusiasmado por el hermanito que venía en camino. “Ese que casi pierdo por el dolor tan grande que ustedes me causaron, por haberle quitado la vida de una manera tan cruel y sin piedad. Han pasado 16 años y cuatro meses de vacío y soledad por su ausencia”, les reprochó. 

Hugo Armando Garzón Alvarado, de 22 años, había nacido en Barranquilla, pero en el momento de su desaparición vivía en el Barrio Ospina Pérez de Cúcuta, donde se dedicaba a varios oficios. Blanca Alvarado, su madre, resaltó el especial gusto de su hijo por los carros y las motos, así como ese deseo profundo de conseguir un buen trabajo “para que yo estuviera bien”.

Leydi Katherine Gelvez Martínez, de 20 años, era la única mujer del grupo ejecutado en jurisdicción de Durania, fue la única en aquel macabro hecho que, de acuerdo con testimonio de los comparecientes, intentó huir para salvarse, pero a cambio fue la que recibió más impactos de bala y terminó cayendo por un barranco, lo que provocó mayores lesiones a su humanidad.

También vivía en el barrio Ospina Pérez, vendía discos en la calle y atravesaba una situación económica difícil, tras el asesinato de su pareja, unos meses atrás. 

Su hermana, Angélica Márquez, resaltó el profundo amor y dedicación que tenía por su familia. “Todavía no comprendo cómo los soldados de la Patria le hicieron esto a mi hermana. Acabaron con nuestra estabilidad familiar”, expresó. 

Entre tanto, Carlos Daniel Vargas, habló en memoria de su hermano, Nelson Darío. Era oriundo de Málaga, Santander, y vivía en el barrio Buenos Aires de Cúcuta. Por esos días esperaba la renovación de su contrato como vigilante. Había prestado servicio militar y, paradójicamente, aspiraba regresar al Ejército como soldado profesional. 

“Estaba de vacaciones en esos días y justo nos íbamos a encontrar esa noche para salir, pero él no volvió más”, relató. Su clamor, como el de todas las familias, es que se limpie la imagen de su ser querido. 

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La verdad y solo la verdad

El momento revelador llegó cuando los comparecientes tomaron la palabra para, como dijeron varios de ellos, “contar la verdad y solo la verdad”.  

Además de corroborar los hechos, tal como los había recogido la JEP a través del Grai, contaron la presión a la que estaban sometidos por sus superiores para  conseguir resultados operacionales. 

Dijeron que para aquella fatídica operación en Durania, el grupo de ocho soldados se trasladó dos días antes a la vereda Tajarito, donde esperaron por un grupo de guerrilleros que no terminaba de aparecer. 

Y revelaron cómo con el paso de las horas terminaron descubriendo que todo se trataba de una farsa, pero que aún así ninguno fue capaz de abortar una misión a todas luces ilegítima. Contrario a ello, terminaron organizándose en la escena, según lo acordado, y quedaron a la espera de la llegada del vehículo que trasladaba a los cuatro inocentes.

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Segundo Evangelista Sánchez, miembro de la Afeur número 8 en ese momento, contó que todo sucedió sobre las tres de la tarde y que el procedimiento no duró más de cinco minutos; mientras que Fabián Aristizábal, a cargo de la orden Mariscal, relató que tras la ejecución, alrededor de los cuerpos se sembraron las evidencias del supuesto combate, como armas y granadas. Posteriormente, señaló que las víctimas fueron requisadas para ubicar sus documentos de identidad, los cuales fueron quemados en una zona alejada del lugar. El objetivo retrasar su proceso de identificación.

Evangelista Sánchez, luego de confesar y hacerse responsable de la muerte de Nelson Darío, reconoció públicamente que todos “eran personas inocentes y no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley”, y añadió que “así como a ellos los engañaron para llevarlos hasta allá, así nos engañaron a nosotros con una orden de operación falsa. Ellos no eran delincuentes y le pido perdón a las familias”. 

Hoy continuará la audiencia de la JEP en Cúcuta, pues todavía quedan verdades por escuchar. Y es que hay que recordar que Norte de Santander es el quinto departamento de Colombia con más casos de falsos positivos, 60 por ciento de los cuales se registró en el Catatumbo.

“La justicia transicional brinda la oportunidad para que las víctimas conozcan su verdad y los comparecientes reconozcan que cometieron unos delitos que causaron un daño irreparable y solucionen su situación jurídica”, destacó la asesora jurídica de los comparecientes. 

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