Tras la tragedia, las personas que lo perdieron todo en la avalancha que tapió todas las casas en la vereda de El Tarra se fueron hasta Ábrego con un subsidio de arrendamiento, mientras el Gobierno Nacional les cumplía con la restitución de sus predios. 

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Estas ayudas humanitarias, que contemplaban un subsidio para que cubrieran un arrendamiento y unas bolsas de mercado, las suministró la Gobernación de Norte de Santander hasta el 31 de diciembre de 2023. 

A partir del 1 de enero del presente año la responsabilidad la debía asumir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); sin embargo, los incumplimientos en el pago obligaron a estas familias a regresar a sus casas, que en muchas ocasiones siguen en peligro, o a pedir un espacio donde algún familiar, con el sinsabor de la falta de oportunidades que encontraron los campesinos en Ábrego. 

“Nos dieron este año tres meses de arriendo y nada más. Mercado no nos han dado. La gestión del riesgo ya nos había dicho que hasta que no nos hicieran el reasentamiento, no nos iban a dejar de dar el mercadito y el arriendo. Pero no fue así”, explicó Leonardo Durán, un campesino que perdió todo en la avalancha del 31 de mayo. 

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¿Qué tiene que ver la corrupción de la Ungrd en este caso?

Un presunto caso de corrupción en las filas de esta entidad gubernamental, que tiene salpicado a varios personajes del Gobierno, también afectó a las familias que sufren en El Tarrita. 

Resulta que la Ungrd le ha incumplido a estas familias con el subsidio de arrendamiento debido a, según cuentan los mismos afectados, los problemas internos de corrupción y al cambio de directiva. 

“Los temas internos entre ellos son cosas que se tienen que resolver, porque nosotros no tenemos la culpa de que los mismos funcionarios entre sí se estén repartiendo la plata de las ayudas del Gobierno, mientras los afectados siguen y las emergencias se mantienen latentes. Ellos no pueden mezclar una cosa con la otra, porque nos dijeron que por eso se había demorado el tema de los arriendos. Esos son temas internos y que tenían que nombrar nuevos directivos para que aprueben”, contó Freiden Jácome, un comerciante que vende desayunos muy cerca del lugar de la tragedia. 

Hay que recordar que este caso de presunta corrupción se destapó con unas millonarias inversiones que se hicieron para llevar agua a las personas de La Guajira con unos carrotanques. 

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