Con título de abogado de la Universidad Libre, seccional Cúcuta y 35 años de ejercicio profesional como litigante, Rafael Villamizar Ríos funge de líder de su gremio y es el presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, capítulo Norte Santander. Es especializado en derecho de familia, penal y administrativo. Ha sido concejal y secretario de gobierno en Cúcuta. También asesor jurídico de varios municipios en el departamento. Es vicepresidente del comité ejecutivo de la Abogacía Colombiana y tuvo desempeño en otras entidades. Nació en Arboledas el 16 de junio de 1952.

Villamizar Ríos habló de la organización que preside, del derecho y la justicia, con La Opinión.

¿Para el cumplimiento de sus objetivos, ¿cuáles son las tareas prioritarias que adelanta la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, en el capítulo Norte de Santander?

Desarrollo de actividades académicas de actualización de los abogados litigantes, en razón de la responsabilidad que recae sobre el ejercicio de nuestra profesión.

El impulso de la Ley de Colegiatura, labor que se hace en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana y los demás Colegios a nivel nacional. 

Generar espacios para contribuir con la unión, la reconciliación, el colegaje y las buenas prácticas entre los abogados. Esto con el fin de cambiar la antigua y errónea concepción del rol del abogado, quien debe procurar a toda costa, la solución pronta, pacífica y ajustada al derecho, de los conflictos encomendados. 

¿Hay cuestionamientos, por muchos casos, que ponen en evidencia conductas reprochables de abogados en el ejercicio de su profesión. ¿Qué medición de tales irregularidades se tiene en la región?

Que conozcamos oficialmente, ninguna. De vez en cuando, el Consejo Seccional de la Judicatura, por medio de su Sala Disciplinaria hace publicaciones sobre los abogados sancionados y se tiene que el porcentaje es mínimo ante la cantidad de abogados inscritos. Pero, así sea un solo caso, no deja de preocupar a la sociedad el comportamiento antiético del abogado, dada la responsabilidad encomendada y la confianza depositada en él, razón por la cual la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, capítulo Norte de Santander, se ha fijado como propósito, dignificar nuestra profesión contribuyendo en la formación, actualización y unión del gremio. 

Y con respecto a la administración de Justicia, ¿cómo está Norte de Santander, vista desde su óptica?

Como en todo el país. Preocupa la insuficiencia de despachos judiciales para la resolución del elevado número de procesos que a diario se radican ante la Oficina de Apoyo Judicial; el constante cambio de despachos, funcionarios y empleados que conocen de los procesos judiciales por tiempo muy limitado, generando mora y congestión en la resolución de los conflictos. Esta falencia se genera especialmente por la falta de asignación de recursos económicos suficientes por parte del Gobierno Nacional. Se suma a la problemática anterior la implementación de la oralidad en todas las ramas del derecho. Sin embargo, hay que resaltar la voluntad y el esfuerzo que hacen los operadores judiciales para garantizar la prestación de este servicio público esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. 

¿Qué opina de la justicia en Colombia?

No contamos con la justicia ideal; existe mucho inconformismo en la sociedad, al punto de que se ha perdido la credibilidad. Un Estado social de derecho no se concibe si no hay una recta administración de justicia. Para que se cumpla este postulado, el Estado debe crear escuelas de formación de jueces y fiscales, como una educación complementaria especializada a la formación del abogado que hoy se tiene en las universidades. Porque un verdadero juez debe encarnar plenamente los valores de la justicia, la verdad y la paz.  

¿En qué aspectos debería reformarse la justicia en el país?

En la designación de los jueces y magistrados, especialmente. Que un juez sea un especialista en la materia y experto en la administración de la justicia. Que tenga una experiencia en el ejercicio profesional, ya como litigante o como funcionario judicial, mínima de cinco años. Que se reglamente la Ley de Colegiatura obligatoria para los abogados litigantes. Que los abogados litigantes como parte esencial del proceso de Administración de Justicia, tengan a través de los Colegios de Abogados, participación en la Mesa de la Justicia, para unificar criterios, conocer mejor las prácticas judiciales que se realizan en cada despacho y de esta manera, se contribuya al mejoramiento de la Administración Judicial. Que tanto los jueces como los abogados seamos evaluados cada cinco años, para garantizar la vigencia de sus conocimientos. Si los jueces y los abogados somos idóneos para realizar la misión judicial, habrá recta administración de justicia.

El llamado nuevo Código General del Proceso se considera un aporte importante al derecho en las disposiciones que contiene.  ¿Cuál es su alcance?

Si, muy importante. El Código General del Proceso obedece a estándares internacionales de justicia. Como aportes novedosos importantes tenemos:

La Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio de los derechos de la persona y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso con una duración razonable. 

Lo anterior, quiere decir, que todo proceso debe definirse mediante sentencia dentro de un plazo no superior de un año, porque de lo contrario, pierde competencia y toda actuación posterior, es nula. 

Son muchas las novedades que trae este código, que demanda un detenido y concienzudo estudio para su correcta aplicación. 

El ciudadano ya puede contar con una justicia pronta y eficaz a partir de la vigencia de este nuevo código.

¿Cómo ve la formación académica de los nuevos profesionales del derecho en el país, en las universidades en general y en particular en las de Norte de Santander?

Muy preocupante, porque el Gobierno Nacional no tiene el control de los programas de derecho. Por tal motivo, cada día es menos exigente ser abogado, al punto de que hay universidades que tienen un programa de formación del abogado ejecutivo, que se capacita solo los fines de semana y en un término de tres años, como quien dice, para quienes solo necesitan del título, más no de su formación como tal. ¿Dónde queda la formación ética, moral y académica que debe tener todo abogado que le pueda garantizar a la sociedad un desempeño idóneo? El abogado ante todo debe ser un líder de la sociedad, un ciudadano ejemplar, un consultor, un formador, un especialista en la resolución de conflictos y en general, un defensor de los derechos colectivos. En nuestro medio, desde que se fundó la facultad de derecho de la Universidad Libre en esta ciudad, en el año 1.973, se ha notado el impulso que ha tenido el desarrollo de Norte de Santander, pese a nuestras limitaciones. La mayoría de nuestros líderes son egresados de esta facultad. Hoy contamos con cinco  universidades que tienen el programa de derecho, donde anualmente terminan sus estudios un promedio de 500 abogados pero, debido a la deficiente formación, muy pocos son acreditados por la sociedad. 

¿Se interesan los abogados en el estudio de los nuevos temas del derecho?

Como Presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, Capítulo Norte de Santander, con 640 afiliados, con mucho pesar debo manifestar que solo un promedio de 100 abogados se preocupan por asistir a las conferencias de actualización que mensualmente se dictan en convenio con las universidades Libre y Francisco de Paula Santander y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, seccional Norte de Santander. Sin embargo, estas convocatorias, que venimos haciendo desde hace seis años, van en aumento y esperamos este año superar estas cifras, porque por primera vez, en los últimos 20 años, están confiando en un Colegio que se preocupa por los abogados litigantes. Del Gobierno Nacional no recibimos sino críticas. Últimamente, la “Escuela de Formación Rodrigo Lara Bonilla”, que es la encargada de capacitar Jueces y Fiscales, ha hecho intentos por vincular a los abogados en sus jornadas de actualización.

¿Qué aportan los abogados al desarrollo del país?

Somos parte vital de su desarrollo. Muchos prestan sus buenos oficios en el Congreso de la República; en los Ministerios; en la redacción de los códigos; son Magistrados, no solo en las Altas Cortes, sino también en las regiones; como jueces, como fiscales, como asesores y consultores en los entes territoriales y en la empresa privada; somos jueces de paz y de convivencia pacífica, y en general, debemos ser el defensor más confiable de la sociedad, pues muchas decisiones trascendentales dependen del servicio que prestamos.  

¿Cómo ve la aplicación de la justicia para la paz en la nación?

Desde que haya justicia social habrá verdadera paz. El Gobierno debe preocuparse por buscar una sociedad más igualitaria, con igualdad de oportunidades. Fomentar el desarrollo en las regiones más apartadas; dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de los más débiles; impulsar políticas de desarrollo agrario; restituir las tierras y fomentar su desarrollo en ellas.