Varias fueron las razones, según los expertos, por las cuales se incrementaron las acciones violentas en Norte de Santander durante el 2018 e impulsaron nuevamente el conflicto en este departamento de frontera. Se incrementó el número de víctimas de minas, los enfrentamientos entre los grupos armados se intensificaron, volvió con fuerza el desplazamiento y pese a los acuerdos de paz, es notoria la ausencia del Gobierno Nacional. También crecieron los cultivos ilícitos que de una u otra manera inciden en el interminable problema que afecta al departamento: la violencia.

La comunidad, que a diario debe soportar las inclemencias del actuar delictivo en la región, insiste en que “es claro que el acuerdo de paz fue un buen paso, pero solo fue el principio, porque no se asume aún el compromiso con las regiones golpeadas por el conflicto”, dijo un líder social. 

Como ejemplo está Hacarí, el municipio de Colombia donde más víctimas de minas antipersonal se registraron en 2018, y de los que ha quedado en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados. “El Estado no ha hecho nada al respecto. 

Los territorios que eran de las Farc ahora se los disputan otros grupos  como el Eln y Epl, y nosotros seguimos luchando por permanecer vivos... porque en el tema de seguridad, el futuro es incierto”, recalcó.

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Las minas siguen matando

En el informe anual del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Norte de Santander encabeza el listado con un aumento del 800 % en víctimas de minas antipersonal. En 2017, siete personas resultaron afectadas tras la detonación de estos artefactos, sin embargo, el número se elevó a 63 en 2018.

Para Descontamina Colombia, el año pasado, en Hacarí, el hecho dejó 19 víctimas, seguido de Convención con 10. En lo que va de 2019, Teorama registra 4 casos, San Calixto 3 y Hacarí 2 (ver recuadro).

El alcalde de Hacarí, Milciades Pinzón Pinzón, considera que el municipio y toda la región del Catatumbo necesitan un desminado humanitario efectivo, trabajo que según él,  solo puede hacer el Gobierno Nacional de la mano de  la Fuerza Pública y las oenegés internacionales.

“Son acciones que urgen en los centros educativos, parcelas y vías interveredales. El departamento necesita la ayuda permanente del Estado”, acotó Pinzón.

Abandono del estado

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo que otra de las razones por las que la situación en la región se torna cada vez más difícil, es el abandono del Estado. A esto se suma, la presencia y los constantes enfrentamientos entre el Epl, el Eln y las disidencias de las Farc, pues esto se ha convertido en un detonante de la crisis humanitaria en el departamento.

“La militarización que dispuso en esta zona el Gobierno Nacional, no es la solución para mitigar la violencia. El camino es la propuesta de una respuesta integral que esté encaminada a acabar con la pobreza, la inseguridad y el abandono institucional”, aseveró Cañizares.

Agregó que las consecuencias de esta ola de violencia se reflejan en las amenazas a las familias, las muertes de líderes sociales y el desplazamiento forzado.

El desplazamiento

En 2018, hubo 27.780 víctimas de desplazamiento en Colombia, es decir, que la cifra se elevó de manera alarmante en un 90 % con relación al 2017, año en el que 14.594 personas fueron afectadas por este hecho. 

“En el caso de Norte de Santander, desde febrero de 2018, 265 personas sufrieron desplazamiento forzado, y otras 17.000 fueron víctimas de otros tipos de violencia relacionadas con el conflicto, hechos perpetuados por  grupos al margen de la ley que operan en la región del Catatumbo”, acotó Luis Fernando Niño López, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto.

Y es que entre enero y junio de 2018 los grupos armados provocaron un desplazamiento masivo de por lo menos 12.100 personas.

“A esta tendencia, se suma una vergonzosa lista de homicidios selectivos, amenazas, desapariciones, violencia sexual, uso de menores de edad por parte de todos los actores armados, irrespeto a la Misión Médica, entre otros”, según el CICR.

Añadió que desde que se efectuó la firma del acuerdo de paz en 2016, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cada cuatro días se presenta un nuevo caso de desaparición forzada relacionado con la violencia armada.

El Consejo Noruego para Refugiados también alertó que en lo que va de 2019 al menos 560 personas de la región, de las cuales 245 vivían en Teorama, se han visto obligadas a dejar sus hogares a causa de los constantes combates en la zona.

“El impacto del conflicto en la vida de la población sigue siendo aterrador en el Catatumbo. La pobreza y la ausencia del Estado en estas áreas rurales solo prolongarán el sufrimiento y el desplazamiento de la población”, aseveró Ariel Rivera, director de la ONG, en un  comunicado.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que asuman “mayor responsabilidad, solidaridad y apoyo a las personas inocentes que nuevamente se desplazan” por este flagelo.

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Desaparecidos

En el 2018, la Fundación Progresar dijo que denunciaron 218 personas desaparecidas, de las cuales 32 eran de nacionalidad venezolana y el 62% correspondían al área metropolitana de Cúcuta.

Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas del departamento, aseguró que la guerra no ha parado y que lamentablemente seguirá dejando más víctimas. 
“Por eso, no resulta suficiente tratar de silenciar los fusiles de los grupos armados ilegales, lo ideal sería que el Gobierno Nacional centre su atención y ayuda de manera estratégica en la región para acabar de raíz con este ola de violencia”.

En Colombia, la situación también preocupa a entidades como el CICR que hizo seguimiento a más de 2.500 casos de desaparición en el país. 216 de esos cuerpos fueron ubicados por el comité. Por otra parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que hasta la fecha, hay más de 80.000 desaparecidos, todos directamente relacionados con el conflicto armado.

Cultivos de coca

La última razón que se expone en este informe es el aumento de cultivos ilícitos, porque también es considerado, en cierta medida, una de las causas de conflicto que afecta a la zona rural y el casco urbano del departamento, según Niño López.

En 2017, el área sembrada de coca en Colombia tuvo un incremento del 17 %, con respecto al 2016, como se aprecia en el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos (Simci) publicado en 2018. De 146.000 hectáreas sembradas se saltó a 171.000. 

El 67 % de estos cultivos se concentran en cuatro departamentos, entre los que figura  Norte de Santander que desde 2012 ocupa el tercer lugar en el ámbito nacional con más hectáreas de coca sembradas. 

Nariño, Putumayo y Norte de Santander son los que más cultivos de coca tienen y, además, son fronterizos. El 25 % de sus cultivos ilícitos se localiza a menos de 20 kilómetros de una frontera terrestre.

Según Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, la explicación del aumento de los cultivos de coca en el país se puede deber a la terminación de la aspersión aérea, al “incentivo perverso frente a los cultivos”, que se divulgó en el capítulo 4 del acuerdo de paz, pues las comunidades esperaban recibir beneficios. Y finalmente, lo sucedido en agosto del 2013, se afectó el proceso de erradicación por una protesta”.

“El sistema que se había implementado después de la firma del acuerdo de paz, está muy bien basado. En una manera admirable buscaron darle a la gente inmersa en los cultivos de coca una vida digna lícita, eso es una cosa muy buena. Pero la implementación no se hizo, y ahora estamos en oposición… debemos buscar cómo implementar, pero, a la vez, dar una respuesta al mar de coca que estamos experimentando ahora”, acotó el embajador Whitaker.