Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

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Poder que lograron utilizar para que todas las mujeres de Norte de Santander y migrantes venezolanas puedan acceder a servicios de salud vitales como la atención materno infantil, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la atención a víctimas de violencia sexual. 

Esto, luego de haber entablado una acción popular para exigir que las autoridades de salud de la región tomen medidas inmediatas que garanticen los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues ha quedado en evidencia que el departamento tiene graves fallas en esta situación. 

Medidas cautelares

La acción popular fue interpuesta en septiembre de 2020, pero no fue sino hasta este mes de noviembre que el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta ordenó medidas cautelares para el Instituto Departamental de Salud (IDS) y la Secretaría de Salud de Cúcuta, a las cuales se les ordena entregar informes en los que evidencien las actividades que están ejecutando para difundir información y garantizar el acceso a los servicios antes mencionados, sin importar la condición, nacionalidad o estatus migratorio de las mujeres.

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En relación con la IVE, el juzgado ordena ejecutar medidas necesarias orientadas a cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la atención prioritaria en el marco de la pandemia para mujeres y niñas que quieran acceder a este servicio.

La medida señala que, en caso de que se llegasen a implementar nuevas medidas de aislamiento por la COVID-19, las entidades de salud deberán emitir instrucciones claras y de carácter obligatorio tanto a las autoridades encargadas del cumplimiento de las normas de orden público, así como a los prestadores de servicios de salud, en la cual se especifique que el proceso de la IVE no se puede suspender durante la pandemia.

En relación con la aplicación del Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, el IDS y la Secretaría de Salud Municipal deberán informar qué medidas han emitido para que las IPS, tanto públicas como privadas de la región apliquen esta ruta.

Mientras que, en cuanto a la salud materno infantil, la medida cautelar ordena informar si actualmente existen servicios de atención primaria y exámenes de diagnóstico con especial énfasis en salud materno infantil en la frontera colombo-venezolana para todas las mujeres y niñas que lo requieran, si el servicio es gratuito y si existe alguna clase de condicionamiento para su prestación, especialmente en lo que se refiere a su documentación migratoria.

Deberán informar si se ha impartido la respectiva formación y divulgación, tanto para el personal interno como para sus usuarios, respecto de la obligación del Estado colombiano de prestar servicios de salud materna relacionados no solo con el parto, sino con la obligación de garantizar controles prenatales y atención postparto a todas las mujeres que lo requieran de forma gratuita, independientemente de que sean nacionales o extranjeras con permanencia regular o irregular, de conformidad con la Sentencia SU-677 de 2017 de la Corte Constitucional.

Violación a estos derechos en la región

Lucía Hernández, abogada de Women’s Link Worldwide, manifestó que todo este proceso se hizo en articulación con diferentes entidades que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva como la Corporación Mujer, denuncia y muévete; Profamilia y Oriéntame, entre otras.

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Hernández explicó que gracias a las investigaciones adelantadas por estas organizaciones lograron entender lo que realmente está pasando en Norte de Santander y, especialmente, en la zona fronteriza donde se ha agudizado el conflicto armado y han surgido muchas problemáticas sociales que afectan en gran manera a las mujeres, niñas y adolescentes tanto nacionales, como migrantes.

La abogada señaló que muchas mujeres del vecino país llegan al territorio colombiano en busca de servicios de salud sexual y reproductiva.

“Llegan a buscar anticonceptivos, la atención de un parto seguro, a buscar controles prenatales e incluso la necesidad de hacerse un aborto, pero estas medidas del cierre de la frontera y las restricciones por la pandemia lo que hicieron fue condenarlas, porque tenían que hacer su tránsito a través de zonas inseguras que estaban controladas mayoritariamente por actores armados ilegales”, dijo Hernández.

Agregó que aunque antes de la pandemia ya existían muchas barreras estructurales frente a este tema, el Gobierno Nacional y autoridades locales lo que hicieron fue exacerbarlas, afectando a una mayor cantidad de personas, en este caso, a las mujeres.

“Teniendo esa dimensión y comprensión del problema, porque no era una mujer o dos, eran bastantes, entonces pensamos que lo más estratégico no era presentar 100 o 200 acciones de tutela, sino más bien entender estos derechos que si bien son fundamentales, por el nivel de afectación que están teniendo, entonces son derechos colectivos y fue por eso que acudimos a la acción popular, para buscar precisamente enfrentar problemas estructurales que estaban afectando a la población que habitaba en la frontera y particularmente a las mujeres, niñas y adolescentes más vulnerables de la región”, agregó.

Barreras con la IVE

Teniendo en cuenta que el aborto aún está tipificado como un delito en el Código Penal, esto sigue generando estigmas que precisamente se convierten en barreras cuando las mujeres solicitan la IVE.

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“A eso se suman las barreras administrativas, precisamente por todo el estigma que existe. Los profesionales de la salud buscan evitar practicar servicios de aborto y entonces las barreras en Norte de Santander es que no hay prestadores de salud después de la semana 19”, expresó la profesional del Derecho.

Indicó que aunque la mujer solicite el procedimiento, en la mayoría de los casos las entidades de salud no dan la información completa y lo que hacen es dilatar los procesos, mientras las semanas de embarazo van corriendo, por lo que cuando llega el momento de autorizar la IVE, la mujer ya ha superado las 19 semanas y sin profesionales en la región que practiquen el procedimiento, esta se ve obligada a trasladarse a Bogotá o Medellín. 

“Una barrera más, porque si es una mujer migrante en condición irregular, tiene que conseguir un permiso para buscar el servicio en otra parte, ya que en Norte de Santander que era la región más cercana a su lugar de origen no se puede”, puntualizó Hernández. 

De acuerdo con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre el 2018 y mayo de 2021 en Norte de Santander se atendieron 49 casos de mujeres, niñas y jóvenes del departamento para acceder a la IVE. (Ver gráfico) 

Explican que el departamento es uno de las regiones con más cifras de criminalización de mujeres y niñas por el delito de aborto, destacando que un 73% de los casos está en etapa de indagación lo que permite la continuación del proceso penal. Entretanto, el 19% de los casos terminan en una sentencia condenatoria. 

Barreras en lo materno infantil

La profesional de Women’s Link Worldwide sostuvo que debido a la xenofobia y discriminación que pesa sobre la población migrante, muchas mujeres no logran acceder a los servicios de controles prenatales y, en varias ocasiones, aunque son atendidas para la labor de parto, las autoridades de salud no tienen en cuenta las condiciones en las que se encuentra la mujer y/o el bebé.

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Señaló que manejaron el caso de una mujer venezolana que llegó hasta Colombia para dar a luz, pero debido a la crisis económica de su país, esta presentaba un alto nivel de desnutrición, lo que implicaba un parto de alto riesgo. 

Aunque los doctores atendieron el parto, en lugar de dejar a la mujer  bajo observación médica y brindarle la atención que necesitaba, se le dio de alta y días después falleció.

“Esas son las verdaderas tragedias que consideramos evitables si las autoridades cumplen con las obligaciones que tienen a su cargo en materia de salud sexual y reproductiva”, indicó Hernández.

Según un informe de Profamilia, en el año 2018, 8.209 mujeres gestantes venezolanas requirieron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto, sin embargo, 6.304 no recibieron ningún control prenatal.

Violencia sexual 

La abogada explicó que como el único recurso que tenían las mujeres migrantes para movilizarse hacia Colombia era a través de los pasos ilegales, muchas fueron víctimas de violencia, sobre todo sexual, lo que desencadenaba en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

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“Como no conocen el ordenamiento jurídico colombiano, entonces no saben que existe un Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, donde todos los servicios de salud son considerados de urgencia y en ese sentido no se puede condicionar a que usted tenga papeles en regla o que usted esté afiliado al régimen subsidiado o contributivo”, mencionó. 

Las mujeres, al no tener información sobre sus derechos, llegaban a las entidades prestadoras del servicio de salud pero no les aplicaban el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, es decir, no le daban acceso a un anticonceptivo de emergencia, no les hacían exámenes para determinar si hubo contagio de enfermedades de transmisión sexual, tampoco se les hacía prueba de embarazo, no se les informaba que, independientemente de la condición migratoria, si presentaban un embarazo no deseado producto de esa violación tenían derecho a la IVE.

“Prácticamente eran doblemente violentadas, por un lado, por los actores ilegales, pero, por otro lado, al no tener una respuesta institucional que atendiera esa vulnerabilidad en la que se encontraban”, agregó.

La Opinión consultó al IDS y a la Secretaría de Salud Municipal para conocer qué acciones vienen desarrollando en relación con el tema, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes. Se espera que en las próximas horas emitan una respuesta oficial. 

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