En manos de expertos quedó la decisión de terminar los efectos jurídicos del convenio suscrito a finales del año pasado entre los mandatarios salientes de Ocaña y Neiva para la actualización catastral.

 Descubierto ese procedimiento el alcalde electo de Ocaña, Emiro Cañizares Plata acordó un encuentro en la capital de la República con su homólogo Germán Casagua y los equipos asesores de ambos entes territoriales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para determinar los pasos a seguir en ese litigio.

 “Se analizan las vías jurídicas para suspender el convenio por mutuo acuerdo debido a las inconsistencias halladas. La Ley es muy clara, nadie puede ofrecer ese servicio en otro municipio, si carece de la actualización en el propio, es un contrasentido y la buena noticia es que se echará para atrás esa decisión arbitraria”, afirmó Cañizares.

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 Asegura que la reunión fue muy importante pues el alcalde de Neiva tiene toda la voluntad para la suspensión del contrato firmado a dos días de expirar la anterior administración.

 Asimismo, aprovechó la oportunidad para solicitar al director nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, la reapertura de la oficina del IGAC en Ocaña para facilitar los procesos entre los habitantes de la región y así evitar los engorrosos trámites con el traslado hacia la ciudad de Cúcuta.

El cuestionado proceso

Por falta de transparencia y la difusión necesaria la representante a la Cámara del Pacto Histórico por Cundinamarca Alexandra Vásquez, radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación por las presuntas irregularidades en la contratación del convenio.

 El documento firmado por los exalcaldes Gorky Muñoz (Neiva) y Samir Casadiego (Ocaña), ha sido objeto de controversia desde un principio ya que se elaboró en los últimos días de la administración anterior sin el previo conocimiento y análisis de los nuevos mandatarios.

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 La principal preocupación radica en la falta de publicidad y transparencia en la selección de la empresa contratista. La más poderosa es que la misma ciudad de Neiva no cuenta con su catastro actualizado. “Encontramos la resolución expedida por el IGAC el año pasado en el sentido que un municipio que no haya actualizado el catastro no podrá prestar ese servicio en otros entes territoriales”, agregó el alcalde de Ocaña.

Ocultar la verdad

Tanto el alcalde de Ocaña como su similar de Neiva se mostraron sorprendidos por la manera como se pretendió ocultar la información que salió a flote luego de los actos de posesión.

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El titular de Neiva, Germán Casagua, confesó que no fue notificado del convenio durante el proceso de empalme con la administración anterior. La falta de información técnica y financiera sobre el proyecto ha generado desconfianza y dudas sobre la viabilidad del mismo, manifestó el ingeniero Cañizares.

 Ante las presuntas irregularidades y la falta de consenso entre las partes, los alcaldes de Neiva y Ocaña evalúan la posibilidad de suspender el convenio por mutuo acuerdo. Esta decisión se tomaría luego de un análisis jurídico exhaustivo que determine las mejores opciones para ambas ciudades, puntualizó.

Urge la actualización

Ocaña está en mora de una actualización ya que tiene un atraso de 20 años y no ha podido implementar el catastro multipropósito para mejorar los ingresos al fisco municipal por concepto del impuesto predial de manera legal, eficiente y justa.

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Cañizares Plata, busca el retorno de la oficina del IGAC a Ocaña para que los trámites se hagan en la región y evitar los costos de viajar a la capital del departamento.

 Existe toda la disposición del director del IGAC, para lograr los servicios y no tengamos que viajar a Cúcuta para hacer los trámites, indicó.

 La decisión permitirá avanzar en aspectos tan importantes como la búsqueda de recursos para actualizar el catastro en Ocaña.

Por ahora se espera una decisión definitiva entre los alcaldes de Ocaña y Neiva y posiblemente de la Procuraduría para la terminación del convenio.

Un exabrupto

El abogado Francisco Antonio Coronel Julio calificó el hallazgo como una de las tantas ‘perlas’ que van a denunciar debido al detrimento del patrimonio de Ocaña.

“Aparte de los sobrecostos y el saqueo sistemático aparece este tipo de convenios. Es un exabrupto, no sabemos las excusas y las explicaciones lógicas sobre ese desastre total”, reiteró.

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Toda la contratación hecha “debe mirarse con lupa porque es lesiva para la gente por todo el horror de corrupción. Los órganos de control deben meter la mano fuerte porque no es justo que los responsables hoy sean funcionarios públicos en otras instancias como ocurre con Samir Casadiego a nivel departamental”, reiteró.

Asegura que en derecho las ‘cosas se deshacen como se hacen’ y los órganos de control deben actuar para dar por terminado de manera bilateral ese contrato y “enderezar el entuerto”.

Coronel señaló que debió hacerse un concurso de méritos debido a la magnitud de la decisión y se tiene limitantes para otorgar un convenio. El alcalde no gobierna solo, debe apoyarse del Concejo para coadministrar, recalcó.

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