La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este miércoles la intervención forzosa administrativa del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, Norte de Santander, tras identificar al menos 87 deficiencias administrativas, financieras y asistenciales, la cuales que ponen en riesgo la prestación adecuada y oportuna de los servicios.
La Supersalud informó que la medida regirá durante los próximos seis meses e implica la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Social del Estado (ESE).
Precisó que la ESE cuenta con 12 sedes, 149 camas, 80 consultorios, cinco salas de cirugía, dos salas de parto y una de procedimientos. Además, tiene habilitados 234 servicios de baja y mediana complejidad para la atención en varios municipios del departamento.
En su resolución N° 12773 del 09 de noviembre, la Superintendencia también ordenó la separación del gerente Jairo Pinzón y de los miembros de la Junta Directiva, así como la designación de un agente especial interventor, quien tendrá un mes para presentar un plan de acción que contenga las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos identificados.
Contratación con presunta falta de transparencia
La Supersalud manifestó que al menos 20 de los hallazgos registran situaciones encontradas en una muestra de 44 contratos celebrados entre 2019 y los primeros cinco meses de 2020, en los que se presuntamente se vulneran los principios de transparencia, buena fe, objetividad, imparcialidad, economía, eficiencia, debido proceso, igualdad, moralidad y eficacia, entre otros.
(Funcionario de la Supersalud en su visita al hospital de Ocaña.)
“La existencia de procesos contractuales presuntamente irregulares, evidenciando situaciones relacionadas con: oferentes inexistentes, sobrecostos, procesos contractuales con conflicto de interés-colusión, concentración de proveedores, participación en procesos contractuales establecimientos comercio sin RUES, CC o NIT, no verificación de títulos de los profesionales y pagos de seguridad social, concentración de la contratación; indebido seguimiento a la ejecución contractual e indebida supervisión, entre otros”.
“En este sentido, se pudo detectar que al parecer más de 17.000 millones de pesos contratados en un periodo de 14 meses se concentraron en ocho proveedores que en la práctica resultaban siendo cuatro, dado los vínculos de consanguinidad y afinidad que existían entre ellos”, detalló la Superintendencia.
Aseguró en su informe, que el Hospital Emiro Quintero Cañizares “realiza pagos a los contratistas sin que los supervisores hagan el seguimiento técnico del cumplimiento del contrato, al evidenciarse que efectúan pagos sin el soporte de verificación de informes en el desarrollo de la ejecución contractual”.
Un cuaderno para llevar los registros de pacientes
Dentro de las fallas administrativas, se evidenció la falta de sistematización de procesos como el registro de los traslados terrestres de usuarios, que se realizaba en un cuaderno y con información inconsistente, toda vez que se evidenciaron traslados que se traslapan en fecha, hora y profesional.
Igualmente traslados realizados por ambulancias que se encontraban fuera de servicio, letra de profesionales que difieren de una historia clínica a otra, información inadecuada respecto de los registros del profesional de medicina versus los registros de enfermería, generando duda de la información consignada.
También la Supersalud evidenció que algunos especialistas, al parecer, realizaron en las instalaciones del hospital procedimientos quirúrgicos a particulares, percibiendo honorarios por parte de los pacientes sin que medie un acuerdo de voluntades, asociación o alianza estratégica.
Información financiera confusa e inconsistente
“En materia financiera se considera poco creíble la labor realizada por la Revisoría Fiscal del hospital, dado que no se evidenció que realice examen exhaustivo de la información para elaborar su dictamen, pasando por alto inconsistencias en la información financiera y/o legal”, sostuvo la Superintendencia de Salud.
Indicó que muchos aspectos la información financiera dada por el hospital es confusa, incompleta, no verificable e incomprensible.
“El informe de la auditoría de Supersalud también estableció un aumento de riesgo en el equilibrio financiero del hospital, pues su déficit presupuestal pasó de 7.38% en 2019 a 61.4% en los 5 primeros meses de 2020”.
Los pasivos de la ESE, se observa para el cierre de la vigencia 2019, fueron de $16.209 millones y las cuentas por cobrar brutas de la institución médica en 2019 ascendieron al valor a $94.183.150 miles, lo que indica la deficiente gestión de recaudo, según el organismo.
Informó que durante el análisis se advirtió que el hospital factura servicios que no están justificados o que no cuentan con soporte.
“Incumpliendo con la normatividad existente, se evidenció que los dos últimos gerentes del hospital dieron poder a un colaborador vinculado a través de una cooperativa de trabajo para que asistiera y realizara actas de conciliación de cartera y acuerdos de pago en representación de esa institución de salud”.
Otro hallazgo identificado está relacionado con inconsistencia en facturas y presuntos dobles cobres al sistema de salud por medicamentos y material médico quirúrgico, que en un primer momento no eran administrados a los pacientes, pero luego el servicio farmacéutico del hospital los despachaba y facturaba, nuevamente, para ser aplicados a otros pacientes.
Igualmente, se comprobó la facturación de servicios sin justificación y en 2019 el mantenimiento hospitalario estuvo por debajo de la ejecución exigida.
La auditoría de la Supersalud puso de manifiesto también una falta de control en las existencias, vigencias y almacenamiento de los medicamentos, así como una deficiente planeación y control sobre los precios de los productos.
En el aspecto administrativo, se detectaron inconsistencias en la evaluación hecha por la Junta Directiva al gerente durante la vigencia 2019, pues esta no cumplió con los parámetros y requisitos establecidos en la normatividad sobre el particular.
Sin garantías para una atención segura
La Supersalud señaló que en el aspecto asistencial, se evidenciaron incumplimientos frente a los estándares de habilitación en lo relacionado con infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médico e insumos, entre otros, historia clínica, Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y estándar de medicamentos, entre otros.
Igualmente el incumplimiento de las normativas de bioseguridad ante la pandemia de COVID-19, en cuanto a: atención segura, manejo de residuos hospitalarios, proceso de esterilización, protocolos de limpieza y desinfección de áreas y superficies.
Asimismo, se identificó incumplimiento en la correcta gestión del servicio farmacéutico en la medida en que presenta desabastecimiento de medicamentos, falta de control de insumos médico-quirúrgico, reúso de dispositivos médicos incumpliendo la política de no reúso, medicamentos y dispositivos médicos vencidos, inadecuado control de inventarios, entre otros.
En el aspecto asistencial, también se observó incumplimiento en la oportunidad de agendas por parte de algunas especialidades, como dermatología y ortopedia con 697 y 1.169 usuarios en lista de espera, respectivamente.
Finalmente la Superintendencia subrayó que con el Emiro Quintero Cañizares son ya seis los hospitales públicos que han sido objeto de intervención forzosa por parte del organismo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En marzo, lo fue el hospital San Marcos, de Sucre; en abril, el Sandiego de Cereté; en mayo, el hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta y el hospital San Rafael de Leticia; y en julio, la nueva ESE San Francisco de Asís, de Quibdó.
