Desde el pasado 22 de febrero de 2022, el Tribunal de Ética Médica de Norte de Santander se encuentra en cese de actividades, debido a la difícil situación que están atravesando para laborar este año, pues no cuentan con el presupuesto suficiente.
Carlos Augusto Sarmiento Riveros, cirujano general y presidente del Tribunal, explicó que cuentan con un presupuesto de $112.000.000, el cual tuvo un aumento para este año de solo $5’000.000, lo que considera es “paupérrimo”, pues no alcanza para cubrir el gasto de los salarios de quienes trabajan en la entidad ni para otros procesos que se deben adelantar.
“Hay dos profesionales que trabajan permanentemente en el Tribunal con un salario que no alcanza ni siquiera el $1’800.000 y nosotros como magistrados que llevamos más o menos 1.500 procesos disciplinarios, de los cuales por lo menos la tercera parte están activos, recibimos una asignación mensual de $580.000”, dijo el profesional.
Sarmiento señaló que, la situación se presenta desde hace varios años, pues considera que los encargados de asignar los recursos, en este caso la Gobernación de Norte de Santander y el Instituto Departamental de Salud (IDS), no han mostrado interés para que la situación mejore.
“Tenemos un presupuesto que no nos alcanza para funcionar y aún así tenemos que responderles a las entidades que nos envían estos procesos empezando por el IDS, la Fiscalía, los juzgados, todo lo que tiene que ver con situaciones de tipo médico en la relación médico - paciente o en la relación que tiene el médico en la sociedad; nos los envían a nosotros para que resolvamos esa parte y nos vemos ahogados”, agregó Sarmiento.
El presidente del Tribunal detalló que, otras entidades a nivel nacional tienen presupuestos de hasta 700 y 800 millones de pesos y manejan casi la misma cantidad de casos.
Sarmiento indicó que semanalmente están recibiendo entre 5 y 7 quejas por diferentes procesos que tiene la comunidad con relación a los actos médicos, es decir que los procesos cada día van creciendo, pero las ayudas y soluciones van desapareciendo.
“En este momento estamos sintiendo que no damos abasto, o sea, preferimos parar. Si no hay algún apoyo gubernamental es mejor acabar esto y que los procesos se vayan para Bucaramanga, pero de todas maneras les va a salir más costoso, porque igual Bucaramanga les va a cobrar o sea que la situación es complicada”, precisó el presidente del Tribunal.
Los magistrados del Tribunal piden que se nivelen los salarios, pues su trabajo no es ad honorem. “Nosotros tenemos que trabajar, dedicar nuestro tiempo, nuestros conocimientos para poder resolver estos procesos. Tenemos quejas de los pacientes en relación con la actividad médica de diferentes especialidades, no hay un patrón específico, todas esas situaciones nosotros las resolvemos”.