Entre el primero de enero y el 31 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca tuvo conocimiento de 1.189 procesos, entre ellos, 475 contra abogados, 427 contra jueces, 263 contra fiscales y 16 contra empleados de la Rama Judicial.

En zona fronteriza, la retención de dineros y faltas contra la debida diligencia profesional fueron las quejas más recurrentes contra los profesionales del derecho.

Las cifras fueron entregadas por el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de vigilar el buen comportamiento de los jueces, fiscales, magistrados (sin fuero), abogados del país y funcionarios judiciales. Las sanciones disciplinarias pueden ir desde una simple amonestación hasta la censura, suspensión en el cargo o en el ejercicio de la abogacía o multas económicas. Todo ello, ejecutado dentro de un proceso investigativo y probatorio que culmina en una sentencia disciplinaria.

Cabe recordar, que recientemente la Comisión falló a favor de tres magistrados de la Justicia Especial para La Paz, tras una queja disciplinaria interpuesta por la defensa del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, argumentando que le negaron la oportunidad de estar en la JEP. “Después de examinar el tema llegamos a la conclusión de que no había lugar a la comisión de una falta por parte de los magistrados y que habían cumplido sus funciones adecuadamente y así lo manifestamos en la sentencia que proferimos”, señaló el magistrado Sampedro.

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La Comisión en Norte de Santander está integrada por dos magistrados que tiene la titánica labor de vigilar que todos los administradores de justicia y demás funcionarios judiciales ‘se porten bien’ y no incurran en causales o faltas que permitan sancionarlos en un departamento como Norte de Santander y un país donde la corrupción permea constantemente los diferentes estamentos oficiales.  En esencia, son los jueces de los jueces, sancionando a quienes con sus decisiones cometen faltas como otorgar libertades prohibidas en casos de delitos graves o relacionados con el narcotráfico.

Norte de Santander –dice- es un espejo de lo que ocurre en el país. “Mirando la competencia nuestra y la existencia de los procesos tanto a nivel nacional como regional nos supone permanentemente una reflexión en torno a cómo prevenir esas faltas.  La Comisión tiene como función esencial la sanción, pero no es la única ya que tiene una obligación también de realizar estrategias de prevención. La Comisión no es solo sancionatoria, sino que tiene una función de orden pedagógico frente al tema ético en el país”.

A nivel nacional, la Comisión de Disciplina Judicial (integrada por siete magistrados) lleva 6.500 procesos. Por ello, tanto en Norte de Santander, como en muchas seccionales del país, resulta urgente y necesario el fortalecimiento de la Comisión. 

“Tenemos muchas necesidades en Cúcuta. La más importante poder reforzar los equipos de los magistrados con personas que les permitan apoyarse para poder actuar en los procesos con mayor celeridad y eficacia. Cúcuta es una ciudad muy importante y clave para el país”, subrayó el presidente de la Comisión.  

Para el magistrado Julio Andrés Sampedro parte de la prevención para no incurrir en sanciones disciplinarias está en las bases de la academia donde se forman los futuros jueces, fiscales y abogados del país que a su juicio han ‘estado de espaldas’ a la realidad del país. Sampedro fue decano de la facultad de derecho de la Universidad Javeriana.

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Desde la Comisión se viene trabajando con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y oficinas de lucha contra la corrupción “en la posibilidad de ser nosotros los responsables de toda la capacitación de jueces y fiscales en orden a una formación ética en el funcionario judicial. Pero, lo tendremos que hacer con la participación de las universidades a las cuales tenemos que llamar la atención para que caigan en cuenta de que esto es una necesidad para el país y que lo mejor que pueden aportar es articularse con los organismos de justicia del Estado a fin de tener los mejores abogados para Colombia”, señala. 

En conclusión, el tema pedagógico no puede quedarse en las aulas de clases, sino que debe trasladarse y aterrizar en la realidad. Si los jueces y los fiscales actúan con ética y los abogados también –cree- se evitarían muchos ‘dolores de cabeza’, con posterioridad a que puedan empezar a actuar.

“Lo que les digo a los estudiantes de derecho es que tienen que esforzarse permanentemente por construir seres humanos con ética y transparencia que les permita asumir el ejercicio de la profesión de forma responsable. Además, tengan claro que con la entrada en vigencia de la Comisión (13 de enero de 2021) quien la hace la paga. Mi recomendación es que actúen bien, no causen daño a los demás ni se aprovechen de la ignorancia de las personas o causen daños a otros”, finalizó.