Organizaciones no gubernamentales de Venezuela, Provea y Fundación El Amparo, consideran que es necesario que tras las declaraciones del narcotraficante y ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, se escuche a los familiares de las víctimas de desapariciones forzosas, que están organizados en Cúcuta y en Táchira, y que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sume a dichas búsquedas en las fosas comunes que existen en la franja limítrofe.
Walter Márquez, representante de la Fundación El Amparo que promueve la defensa de los Derechos Humanos, indicó que en el Táchira existen más de 500 personas desaparecidas, en diversos municipios, de cuyos casos existe opacidad por parte de las autoridades venezolanas, y falta de transparencia en cuanto cifras de desaparecidos.
Declaró que desde el año 2015, cuando se cerró la frontera, a través de las trochas circulaban personas civiles que buscaban llegar a territorio colombiano o venezolano, en medio de grupos irregulares como el Tren de Aragua, Eln (Ejército de Liberación Nacional), Clan del Golfo, entre otros, y muchas se desaparecieron en dichos trayectos. Desde esta fecha se contabilizan al menos 300 víctimas, apuntó Márquez.
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Mientras que desde 1999 al 2004, de acuerdo a lo que confesó Mancuso, hubo más de 200 víctimas que estarían enterradas en fosas comunes. Salvatore Mancuso, tras declaraciones ofrecidas en Montería, reveló la existencia de fosas comunes en San Cristóbal, La Fría, Boca de Grita, Ureña y San Antonio del Táchira, en donde habría más de 200 cuerpos enterrados.
"Situación muy grave, porque Mancuso confiesa que no solo ajusticiaban a las víctimas, sino que algunas de ellas eran incineradas en hornos o trapiches de Juan Frío, y los restos óseos que quedaban los disolvían en ácidos, ante la presión del gobierno colombiano y ongs, muchos cadáveres comenzaron a ser lanzados en el río Táchira y otros fueron trasladados a territorio venezolano, incluyendo San Cristóbal", mencionó Márquez.
El activista expresó que llama la atención que en San Cristóbal haya también fosas comunes, tomando que en cuenta que la capital del Táchira está distante a la frontera. Recordó que para aquella época, el gobernador era Ronald Blanco La Cruz, y a su juicio, debe ser llamado a declarar.
Recomendó la activación de la unidad técnica científica y presencia de funcionarios consulares para la ubicación de las fosas comunes, aunado de la presencia de los familiares de las víctimas.
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Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, puntualizó que es importante que el trabajo de ubicación de los familiares de los desaparecidos sea realizado por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos con personal en terreno, tanto en Colombia como en Venezuela.
Refirió que Naciones Unidas debe participar asesorando este proceso, monitoreando cómo se desarrolla y acompañando también a los comités de víctimas.
De igual modo, insistió en la necesidad de establecer responsabilidades de quienes en territorio venezolano colaboraron con las Autodefensas, porque ahí, más allá de la colaboración que pudieron tener de militares - según las informaciones dadas por Salvatores Mancuso- puede que haya autoridades civiles que colaboraron o tuvieron conocimiento y no hayan actuado.
"Acá, sin duda, de lo que sí hay certeza, es que del lado venezolano hay una responsabilidad, ya sea por acción, porque hubo funcionarios que colaboraron o por omisión, lo que muestra la incapacidad de las autoridades para garantizar el resguardo de la soberanía nacional", dijo Alvarado.
"Si los paramilitares crearon fosas comunes en territorio venezolano, ¿pudieron haberlas creado la Farc también, pudieron haberlas creado el Eln? Entonces, lo que queda en evidencia es la enorme incapacidad del Estado venezolano para resguardar la soberanía, la complicidad que han tenido autoridades y fuerza armada, para la actuación de grupos irregulares, cualquiera sea el signo ideológico", puntualizó.
Agregó que hay autoridades que han tolerado tanto la presencia de grupos paramilitares como de grupos guerrilleros del lado venezolano.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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