La Fiscalía General de Venezuela abrió un proceso al jefe de la policía política para imputarlo por presuntamente cometer graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
El general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue citado por el Ministerio Público para el 4 de julio para que comparezca en calidad de imputado por lo mencionado anteriormente, señala un comunicado emitido el viernes por la Fiscalía.
El proceso iniciado contra González López tiene que ver con una investigación que emprendió el Ministerio Público por los casos de "allanamientos arbitrarios", "privaciones ilegítimas de libertad", y los casos de personas que permanecen detenidas a pesar de que los tribunales ordenaron su excarcelación.
La acción contra el exministro de Relaciones Interiores se da un día después que el Ministerio Público anunciara la apertura de un proceso contra el excomandante de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides, quien fue citado para el 6 de julio para comparecer también en condición de imputado por presuntas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en las protestas antigubernamentales que se han extendido por tres meses.
González López y Benavides, actual jefe de gobierno del Distrito Capital, fueron sancionados junto con otros cinco funcionarios venezolanos en el 2015 por el gobierno de Estados Unidos, que ordenó congelar sus bienes en ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertes en el 2014.
Las acciones contra los dos altos oficiales también coinciden con un proceso que emprendió este mes el Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por presuntas "faltas graves" que habría cometido en su cargo que podría llevar a su destitución.
Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno al rechazar el proceso de reforma de la constitución, anunció el viernes en su cuenta de Twitter que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo
La acción de la alta funcionaria, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, se da dos días después que el máximo tribunal le prohibió la salida del país y la enajenación de bienes y congeló sus cuentas bancarias mientras se decide sobre una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas "faltas graves" que habría cometido en el ejercicio de su cargo.
La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso.
El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, inició este mes un proceso contra la fiscal por solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño que pidió enjuiciar a la funcionaria por el supuesto incumplimiento de sus funciones. Carreño también pidió a la Corte designar una comisión médica para evaluar a Ortega Díaz por supuesta "insania mental".
El máximo tribunal otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales de los casos de violaciones de derechos humanos, decisión que menoscaba las competencias de la Fiscalía General, y anuló el nombramiento del vicefiscal. Ortega Díaz dijo que desconocería las sentencias de la Corte por considerar que violan la carta magna, y llamó a todos los venezolanos a reestablecer el orden constitucional.
La fiscal general comenzó su distanciamiento del gobierno en marzo tras objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional y denunciar una "ruptura" del orden constitucional. En los últimos tres meses la alta funcionaria presentó al menos cinco acciones contra el proceso constituyente que impulsa en presidente Nicolás Maduro y designación de un grupo de magistrados, procesos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo.
Tras sus pronunciamientos algunas figuras del gobierno han hecho fuertes cuestionamientos contra la fiscal, a la que llaman "traidora", y han anunciado que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente será destituir a Ortega Díaz.
La fiscal general y su esposo, el diputado Germán Ferre, han denunciado que la funcionaria y sus familias han sido perseguidos por vehículos y han recibido llamadas amenazantes en las últimas semanas.
El proceso contra la fiscal y los dos altos oficiales se da en un contexto de creciente tensión generado por las protestas antigubernamentales que han extendido por tres meses y que han dejado al menos 76 muertos, 1.400 heridos, y más de 500 detenidos.
