El Consejo de Estado dio un plazo de dos años al Ministerio de Ambiente para establecer reglas más claras y estrictas que permitan tener en cuenta de mejor manera en la expedición de títulos mineros y la protección del medio ambiente.e

Estas reglas incluyen identificar con más claridad en que zonas del país está prohibida o restringida la minería y en cuáles no, así como las áreas de conservación que sin hacer parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituyen reservas forestales, cuencas hidrográficas, páramos o subpáramos, en donde tampoco puede practicarse la minería.

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De acuerdo con el Consejo de Estado, si bien la minería es una actividad necesaria para la economía del país y para la generación de empleo, la expedición de títulos mineros no puede hacerse, por falta de coordinación entre las autoridades, sin respetar la protección del medio ambiente.

La decisión fue tomada con base en una demanda presentada por 8 organizaciones sociales y 30 ciudadanos, que aseguraban que existía una desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental que llevaba a que la fiscalización de títulos mineros fuera frágil, y se pudieran producir daños ambientales irreversibles.

Aunque en una primera instancia se contempló la suspensión de la expedición de títulos mineros mientras se ajustaba el proceso para garantizar la protección del ambiente, el Consejo de Estado determinó que esta medida no era adecuada porque no produciría los resultados esperados.

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