La estructura del sistema viene presentando problemas especialmente desde la pandemia, pues por el aumento de usuarios que accedían a los servicios, muchas de ellas tuvieron que acudir a sus reservas financieras para garantizar la atención.

Con la llegada del Gobierno Petro la situación se agravó considerablemente. A las quejas de las entidades por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) se han sumado al proyecto de reforma a la salud, que generó una enorme incertidumbre en el sector, y las intervenciones de varias EPS, que, como lo vaticinó el propio presidente Gustavo Petro en una entrevista con la revista Cambio, provocaron un efecto dominó, que llevaron a otras a preferir optar por el retiro del sistema.

En los últimos dos años, ocho EPS han sido intervenidas y dos han solicitado su retiro del sistema, y lo que ha alarmado aún más a los colombianos es que las entidades que se encuentran en estas condiciones son algunas de las más grandes y con más afiliados del país, como Sura, Compensar, Sanitas y la Nueva EPS.

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Las dudas sobre el futuro de los pacientes

La situación actual ha dejado alrededor de 25 millones de pacientes bajo la atención del Estado. Aunque esta situación debería ser temporal mientras se recuperan las finanzas de las entidades intervenidas o se liquidan y se traslada a los usuarios a otras EPS, no se ve en el panorama próximo que esto vaya a ocurrir.

En el caso de Sura, según lo establece la Supersalud, si se llega a aprobar su desmonte progresivo, los afiliados serán asignados por el Ministerio de Salud a una EPS que se encuentre en el territorio nacional y los más importante, tenga la capacidad de recibir los usuarios garantizando la continuidad de todos los procesos que tenían en la anterior EPS.

Según expertos, el mayor problema de esta medida es que ninguna de las EPS que continúan funcionando sin intervención pueda recibir a los usuarios de las demás entidades.

Solo en Cali, por ejemplo, German Escobar, secretario de salud de la ciudad, manifestó que, por la cantidad de usuarios que tiene Sura, no habría cómo reasignarlos a otras entidades.

“Yo debo ser sincero y responsable con los caleños. Es un panorama preocupante. En la ciudad de Cali tenemos más de 480 mil personas afiliadas a la EPS Sura. Esto representa casi el 20% de la población de la ciudad, sumado al 54% que ya está en EPS intervenidas como SOS, Emssanar, Sanitas, Asmet Salud”, manifestó Escobar.

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Problemas que se han dejado avanzar

Pese a la crisis, tampoco es cierto que el Gobierno carezca de herramientas (salvo por la reforma a la salud) para encontrar soluciones. Así se lo ha hecho ver al Gobierno la ANDI, que ha venido insistiendo en la necesidad de adoptar un plan de salvamento para evitar la desaparición de las EPS.

“Cuando uno hace un análisis del presupuesto del sector de la salud, uno puede ver que el Ministerio de Salud cuenta con recursos en el Programa de Aseguramiento y otros que se podrían trasladar para inyectar más recursos y eliminar la presión que estamos viendo en el corto plazo”, manifestó Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la ANDI, en entrevista para Colprensa.

Además, como lo han pedido desde hace tiempo las EPS e incluso lo ha reconocido la Corte Constitucional, es necesario ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

No hacerlo y seguir insistiendo en la medida de las intervenciones, lo único que va a llevar es a que el efecto dominó se siga extendiendo hasta que las EPS desaparezcan por sustracción de materia.

“Se dice que (la intervención) es una figura que no es exitosa para sacar adelante una entidad porque genera unos conflictos muy importantes frente, por ejemplo a los proveedores, frente a la red que atiende a la población, frente a el flujo adecuado de los recursos y lo que ha terminado por suceder en muchos de los casos, es que se empieza a deteriorar la atención y la prestación de los servicios y se genera casi que un espiral donde se incluso se afecta la prestación y afecta financieramente la entidad”, aseguró Rodríguez.

Soluciones para la crisis de las EPS existen, la duda es si existe la voluntad política para aplicarlas.

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¿Y la salud de los maestros?

La situación es tan grave que la cifra de quejas en el sistema de salud de los maestros en los primeros 19 días del mes ya superan con creces las cifras registradas en los últimos meses por el modelo anterior. No es un dato menor, si se tiene en cuenta que el sistema que operó hasta el 30 de abril de por sí ya era el que más quejas recibía en el país por cada 10.000 afiliados, por encima de cualquier otra EPS tanto del régimen contributivo como subsidiado.

Los datos son los siguientes: Entre el 1 y 19 de mayo, la Superintendencia de Salud recibió 3.712 quejas por problemas de prestación de servicios de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según reveló el superintendente Luis Carlos Leal Angarita en un debate de control político realizado en la Comisión Sexta del Senado.

La cifra es a todas luces alarmantes. Y es que resulta ser mucho mayor que, por ejemplo, las 3.121 quejas que la salud del magisterio recibió en todo el mes de marzo. Y la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que solo incluyen los primeros 19 días de mayo, sin incluir el resto del mes.

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