Cúcuta no se escapa de la problemática que se vive en Colombia por los asentamientos sub normales sin urbanizador responsable, o con condiciones técnicas, legales y económicas que limitan su legalización.

Estos sectores generados en gran parte por la venta de lotes que no reúnen las condiciones mínimas de equipamiento exigida por el estado, como lo son las vías y  las redes para servicios públicos domiciliarios, generan además del desorden en el crecimiento urbano, la dificultad de atender a sus habitantes incluso en sus necesidades básicas.

En la formación de estas zonas entran a jugar dos factores determinantes.

La incapacidad del estado de proveer vivienda digna y la irresponsabilidad de quienes se aprovechan y se lucran, vendiendo tierras para viviendas sin ningún urbanismo y obviamente no de la mejor calidad, muy frecuentemente en zonas de alto riesgo.

Los controles que deben ejercer las autoridades municipales, se estrellan contra la falta de recursos  para ejecutarlos y el sobre proteccionismo de las acciones de tutelas que impiden la realización de los desalojos,  con la sana intención de velar por el derecho a una vivienda digna.

La carencia de un urbanismo planificado hace muy difícil la construcción de redes subterráneas, especialmente de acueducto y alcantarillado, que aunado con la restricción legal de la prestación de servicios en zonas de alto riesgo, hace que sea muy complicada la formalidad en el suministro de agua, originándose el fraude y la improvisación, traducida en conducciones artesanales con mangueras, que originan fugas y vertimientos superficiales de las aguas servidas, con lo que se incrementa la condición de inestabilidad de los terrenos y de las viviendas allí construidas, por lo general sin  el cumplimiento de especificaciones técnicas.

Para soluciones definitivas, se deben seguir  ejecutando las obras públicas de control y mitigación para cambiar, en donde sea posible, la condición de riesgo y consecuentemente poder legalizar el sector. En donde no lo sea o sea muy costoso, continuar con los planes de vivienda, de modo  que se ofrezcan una posibilidad de reubicar de forma segura y digna a quienes allí habitan.

Por el momento, y en lo que respecta al suministro de agua potable, se deberá seguir utilizando la alternativa permitida  por la legislación colombiana del suministro provisional mediante la implementación de pilas públicas, en las que el prestador de servicio de acueducto dispone de un punto comunal a partir del cual los vecinos, organizados por su junta de acción comunal o entidad asociativa, se proveen del preciado líquido.

Cúcuta fue pionera en el establecimiento de una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Vyc,  para acompañar a las juntas de vecinos en su gestión al interior de la pila pública, brindando apoyo administrativo para el cobro y recaudo de la cuota que permita cumplir con el pago del servicio al prestador, dentro del marco del convenio suscrito entre éste y la comunidad, y uno técnico que permita ir acondicionando la infraestructura para que se puedan proveer del preciado líquido sin mayores traumatismos y desperdicios.

Una problemática nada fácil, cuya solución debe partir de la decisión férrea de los gobernantes de tomar acciones positivas al respecto y de la revisión de la normatividad,  manteniendo el delicado equilibrio entre la exigencia de los deberes  y el respeto a los derechos de los ciudadanos, como lo es el de una vivienda digna y segura.