La semana pasada el país se estremeció por la sevicia con que fue asesinada la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, junto a su madre y otras cuatro personas que la acompañaban. 

La versión del Gobierno señala que el múltiple crimen fue cometido por disidencias de las Farc al mando de alias Mayimbú. 

Otras versiones, apuntan al cartel de Sinaloa, grupo que así lo reconoció a través de panfletos que circularon en la zona y cuya autenticidad está siendo analizada por las autoridades. 

En una entrevista en la mañana del pasado 5 de septiembre en RCN Radio, el Alto Consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, negó que los autores fueran miembros del cartel. 

Dijo que su presencia en el país se limita a la que hacía Pablo Escobar en Bolivia en la década de los 80; y que en el país no existe la necesidad de mexicanos porque desafortunadamente acá hay “bandidos suficientes”. 

Desafortunados comentarios para un funcionario de alto rango del Gobierno Nacional. 

La incertidumbre sobre los verdaderos responsables deja varias preguntas. 

¿Se está ocultando la presencia del cartel? ¿Se quiere restarle importancia? 

O simplemente es una estructura tan poderosa que, ¿será que el Estado no está en la capacidad de someterla? 

Cualquier respuesta a estos interrogantes es preocupante. Se requiere con urgencia que las instituciones se pronuncien y le cuenten al país la verdadera realidad. 

¿Cómo es posible que se haya permitido el ingreso de una estructura criminal tan poderosa al país? 

¿Por qué no se hizo nada para detenerlos? ¿Cómo ingresa el dinero a Colombia? 

El Presidente debe tomar medidas inmediatas y contundentes como el fortalecimiento de la UIAF para perseguir las fortunas que invaden al país. 

Pero sobre todo, debe ocuparse de una reforma de fondo a la política de drogas, hacia la regulación de todas las sustancias para acabar con las estructuras criminales que se lucran de ese negocio ilícito.