Se inicia el mes de julio con una absurda determinación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que emitió un fallo en el que considera a las redes sociales como medios masivos de comunicación. De esta manera, esta institución que durante varias décadas se ha caracterizado por politizados e irregulares manejos, toma decisiones meramente partidistas que camuflan en jurídicas y que la gran mayoría de los ciudadanos no tiene ni idea que existen, afirma que el uso de redes sociales con fines electorales es propaganda política.

De esta forma y de acuerdo a las normas electorales, no podrían usarse para promover candidaturas, ni campañas políticas sino hasta 60 días antes de la fecha de elección y no 90 días antes como sucede hoy.

Esta decisión claramente perjudica a las campañas de “voto de opinión”, que encuentran en las redes sociales un mecanismo económico para darse a conocer, difundir sus propuestas e ideas. En cambio, beneficia a las maquinarias partidistas, a los compradores de votos, a los que viven del clientelismo, a los que no utilizan las redes sociales porque en ellas les reclaman su politiquería y les recuerdan sus cuestionamientos éticos.

Lo anterior es simplemente un intento desesperado de los partidos políticos tradicionales, que eligen a los magistrados del CNE, para limitar la aparición de nuevas expresiones políticas que ponen en riesgo sus feudos. Es definitivamente una postura antidemocrática que atenta contra el Estado de Derecho. Es el mismo CNE que defiende los intereses de los partidos y no de la ciudadanía. El mismo organismo que impidió que se recuperara la personería jurídica del Nuevo Liberalismo.

Por estos motivos me pregunto: ¿Un organismo político como el CNE es el encargado de determinar y calificar si las redes sociales son o no medios de comunicación equiparables a los canales de televisión y las emisoras de radio? ¿Qué privilegio o indebida ventaja puede representar que ochenta días antes de unas elecciones, con las campañas ya inscritas, un candidato o candidata publique un video explicando sus propuestas de campaña? Señores “magistrados”: dedíquense más bien a resolver la financiación ilícita de la política, esa si es una prioridad.

Urge, en beneficio de que no se continúen restringiendo los espacios de participación política en el país, que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional se pronuncien sobre este escenario democrático y eviten su censura política. Esta es una decisión propia de regímenes dictatoriales o totalitarios. Claramente es un nuevo obstáculo para que nuevas formas de hacer política supriman a las viejas y anquilosadas maquinarias politiqueras que tienen al país en la pre-modernidad política, secuestrado en la corrupción y el clientelismo. Es necesario que prime el bien común sobre el particular.