Entre las diversas promesas que hizo el presidente Iván Duque durante su campaña, se destaca la que comentó en un foro de la “RAP Caribe”, donde se comprometió a fortalecer las regiones y los departamentos del país. Su compromiso parecía que fuera a cumplirse, ya que en su discurso de posesión señaló: “Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre regiones que acarician el desarrollo y otras que se sienten atrapadas en la exclusión y la miseria”.
Así las cosas y mostrando compromiso, sancionó la ley de regiones, de la cual tuve la oportunidad de ser ponente para fortalecer la capacidad administrativa y funcional de las regiones administrativas de planificación, dar la posibilidad de asignarles recursos del presupuesto general de la Nación, formular y presentar proyectos de inversión en el sistema general de regalías y acceder a cualquier fuente de financiación del Estado. Con esto se buscaba evitar que los gobernadores vinieran a Bogotá entre semana a “mendigarle” recursos para proyectos a los entes gubernamentales y así cumplir con sus objetivos, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
Sin embargo, al parecer todo quedó en palabras, ya el Gobierno Nacional le da la “espalda” a los territorios con la radicación tardía del proyecto de ley que regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Esta iniciativa que busca centralizar aún más la ejecución de estos importantes dineros para proyectos locales, al no especificar cuáles pueden ser avalados por los departamentos, les usurpa de una manera descarada la potestad de decidir en qué invertir. Además, elimina las secretarías técnicas que ahora estarán a cargo del DNP, quien administraría los recursos que estaban destinados al fortalecimiento de las entidades y que representa cerca de $125.000 millones de pesos.
Lo anterior significa que ya no serán los gobernadores, quienes conocen sus realidades y falencias, los que decidirán el destino de su departamento, sino un funcionario desde un escritorio en Bogotá quien a su criterio resolverá que se hace y que no. Lo anterior es un golpe mortal a los grandes esfuerzos para progresar en el tema del fortalecimiento regional y al que tanto tiempo se le había dedicado. Es una lástima que todavía se estigmatice a los gobernadores y a quienes representan, frustrando de nuevo que Colombia sea de una vez por todas un país de regiones.
