Celebro que las investigaciones en relación con los contratos de la firma Odebrecht en Colombia finalmente empiezan a esclarecer los actos de corrupción que tuvieron lugar con las actuaciones de esta empresa en el país. En el caso concreto de la adición presupuestal al contrato Ruta del Sol 2 tramo Ocaña-Gamarra, que dio lugar al informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya se conocen los involucrados, excepto el que denominan ‘oficial 3’, señalado como principal beneficiario de este entramado.
Como el manto de duda se ha extendido a quienes hicimos parte de esa administración, me veo obligado a precisar que nada tuve que ver con este contrato que se firmó en enero de 2010 en el gobierno Uribe, del cual no hice parte, ni con su adición suscrita en marzo de 2014. Para esta fecha no era yo funcionario del gobierno Santos, del cual me retiré en mayo de 2013, diez meses antes, a fin de no inhabilitarme. Mis responsabilidades en el sector de infraestructura no se iniciaron hasta agosto de 2014, ya en mi calidad de Vicepresidente y cinco meses después de suscrito el cuestionado otrosí. Como se recordará, hasta 2013 yo me había ocupado de las carteras de Interior y Justicia y luego de Vivienda.
Durante el tiempo en que ejercí la coordinación de la infraestructura, la firma Odebrecht nunca fue adjudicataria de ninguna concesión ni de ningún proyecto en el sector.
Muy por el contrario, desde mi llegada a la Vicepresidencia elevé solicitudes de apremio al concesionario para exigir el cumplimiento de sus obligaciones para ese entonces en mora. En efecto, lo primero que encontré fue que en las unidades 2, 4 y 7 del contrato Ruta del Sol se estaba incumpliendo la fecha de inicio de operaciones, por lo que iniciamos 3 procesos sancionatorios que no prosperaron porque Odebrecht presentó 2 demandas contra el Estado, acudiendo a un tribunal integrado por los árbitros Namen, Hernández y Villegas, que inexplicablemente les dio la razón y dictó medidas cautelares en contra de la ANI, con lo cual se frenó toda posibilidad de sancionarlos.
Apelamos esta decisión y luego interpusimos una tutela ante el Consejo de Estado, pero la sección 4 tampoco nos dio la razón y fue así como la ANI quedó totalmente paralizada en su legítimo derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Recuerdo, igualmente, haberme opuesto a aceptar la conciliación por 700.000 millones que proponía el contratista y con la cual pretendía poner fin a las controversias. El resto de la historia es bien conocido, en 2019 el Tribunal declaró la nulidad del contrato por causa y objeto ilícito.
Mucho lamento que este suceso pueda empañar la enorme transformación y el impulso que tuvo la infraestructura con la puesta en marcha de 27 concesiones por valor cercano a 50 billones de pesos, junto a inversiones históricas en miles de kilómetros construidos, la intervención en 57 aeropuertos y la modernización de nuestros puertos.
Todo esto fue posible sin la menor tacha, porque en paralelo implementamos todo un arsenal de medidas contra la corrupción como el pliego tipo para todas las licitaciones, la suficiente publicidad de los términos contractuales, la convocatoria de audiencias públicas para escuchar los comentarios de los proponentes a los prepliegos, la audiencia pública obligatoria para recibir las ofertas y para la adjudicación de las licitaciones. Pusimos tal celo en la pulcritud de la contratación que inauguramos las salas transparentes de revisión y evaluación de ofertas, a cargo de funcionarios que previamente se habían sometido a pruebas de polígrafo.
Se terminaron los anticipos a los contratos y las adiciones contractuales, entre otras muchas medidas. Se generó tal confianza que en algunas licitaciones llegaron a participar 90 oferentes. Nunca nadie presentó una glosa, una observación o una denuncia en relación con la transparencia de los procesos contractuales.
Y sea el momento de reconocer que ninguno de estos logros se hubiera conseguido sin la consagración de Luis Fernando Andrade, entonces director de la ANI, de quien soy testigo de su capacidades y honestidad.
Es muy lamentable que todo este esfuerzo y el plan sectorial se hayan frenado en seco en este gobierno, que a estas alturas no ha conseguido ejecutar ni el 2 % del presupuesto de inversión asignado a la ANI.
