Luego de recibir varias descargas de “taser” por parte de miembros de la Policía Nacional y a pesar de suplicar por su vida, Javier Ordóñez fue trasladado a un CAI por los uniformados, quienes en un acto de sevicia lo asesinaron a golpes. En consecuencia, el pasado miércoles 9 de noviembre se desató una ola de protestas que dejó diez personas más asesinadas, 45 CAI destruidos, buses de transmilenio incendiados y otros bienes públicos arrasados, en un hecho que en la ciudad de Bogotá no tiene antecedente histórico distinto al “Bogotazo” del 9 de abril de 1948.
Como capitán de la reserva de la policía, condeno lo sucedido y me duele que parte de una institución que quiero, cuya misión es proteger y servir a todos los colombianos, haga todo lo contrario; dispare sus armas contra los ciudadanos y genere una profunda desconfianza en la opinión pública. No son sólo los asesinatos, sino también violaciones, robos por parte de policías activos, alianzas con narcotraficantes y corrupción que, en la historia reciente, han mancillado su lema: “Dios y Patria”. ¿Quién dio la orden de disparar a la gente? ¿Actuaron esos policías por iniciativa propia? Si la policía tiene un deseo genuino de ser perdonada como institución, esas preguntas no pueden quedarse sin una respuesta veraz.
Los problemas de la Policía Nacional han sido diagnosticados en repetidas ocasiones a través de misiones y comisiones cuyas recomendaciones terminaron engavetadas por los gobiernos. La reforma no solo es necesaria sino indispensable para la recuperación de la confianza ciudadana. Vale la pena mencionar, por ejemplo, un informe del año 2004 bajo la presidencia del doctor Fernando Arboleda Ripoll, titulado: “Misión Especial para la Policía Nacional”, en la que se planteó “la necesidad de diseñar un conjunto de controles disciplinarios y de gestión, internos y externos, con sanciones y con estímulos que funcionen como un sistema articulado y coherente para brindar la mayor transparencia, celeridad y eficacia en la prevención, detección y sanción de comportamientos que contravengan los principios éticos y legales de la Policía Nacional”.
Así mismo, en el año 2016, luego de conocerse el escándalo de la “comunidad del anillo”, el gobierno convocó una comisión integrada por dos exministros de defensa (Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez) y Jorge H Cárdenas, que entregó recomendaciones muy amplias sobre distintos temas estructurales de la policía.
Frente a la coyuntura actual es urgente desvincular a la policía del conflicto armado. También hay que desmilitarizarla y devolverle su vocación institucional civil, dependiente del Ministerio del Interior; con un director civil, profesionalizarla en DDHH y convivencia, es decir generar una nueva cultura institucional. Resulta fundamental reformar su base: el nivel ejecutivo, para establecer un sistema de ascensos motivado por el mérito, con estímulos, mejores salarios y oportunidades de formación continuada.
