Pasó el proceso eleccionario territorial que tanta expectativa despertó, tanto en Colombia como en el exterior, porque realmente se desarrolló en un plano político o ideológico diametralmente opuesto al tradicional, donde dos temas se apropiaron del mismo: la inseguridad electoral y cuál sería la suerte de la agrupación política que apoya al señor presidente de la República.
Sobre el primer tema el diario El Nuevo Siglo publicó el viernes un informe sobre el Mapa de Riesgo Electoral, de violencia e intimidación a candidatos, por supuesto, y, citando la Misión de Observación Electoral - MOE -, concluye que la primera región inicia en la Guajira, pasa por Norte de Santander, y finaliza en el departamento de Arauca. En segundo lugar, está el corredor que va desde la frontera con Venezuela, en Norte de Santander, hasta el Urabá antioqueño y chocoano. Luego, destaca que entre los departamentos con mayor número de municipios en riesgo está Norte de Santander, entre otros. Es decir, nuestro Norte de Santander es protagonista de violencia electoral en el país. Claro, el Catatumbo.
Ahora bien, el mejor termómetro para medir al Pacto Histórico, la agrupación política que apoya al señor presidente de la República, se llama distrito capital de Bogotá. Tantas cosas juntas jugaron en contra del Pacto Histórico como del señor presidente: el caos en el gobierno, ministros que no dan la talla, ministros de aspecto chistoso, ministros que no conocen el tema de su oficina, la anulación de la Cancillería por el X (Twitter) presidencial, dejar plantados a los gremios económicos, incumplimiento de citas importantes y parece que la única que ha cumplido puntualmente es la reciente de Xi Jinping, presidente de China. Un presidente acusado de comprar votos en la elección donde ganó el poder político dice que pagará recompensa a quienes denuncien a los que compran votos, consejas y rumores sobre la vida íntima y privada de la familia presidencial. Todos estos detalles parecen triviales, pero, tenga la seguridad el lector, que mucha gente de toda condición socioeconómica los tuvo en cuenta al momento de sufragar.
Otro lunar en esta campaña electoral es el decreto 1702 de 2023, expedido exactamente diez días antes del proceso eleccionario y que afecta la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado. Pudieron haberlo derogado, ya no importa si lo derogaron o no, pero es un campanazo de alerta sobre los “anhelos” presidenciales. Se queda uno pensando en el dilema del ministro del Interior, exsenador liberal Luis Fernando Velasco Chaves, cuando le acercaron el decreto de marras para su firma, a sabiendas de que mucho de lo consignado en él era contrario a su vocación política.
En una columna del exministro Alfonso Gómez Méndez, denominada Inestabilidad política y electoral, nos habla del desbarajuste existente por la ausencia de partidos políticos de verdad - no la fábrica de avales que tenemos ahora -, sino de las formaciones políticas que responden por sus errores, como avalar candidatos inhabilitados. El exsenador y presidente del Partido Dignidad y Compromiso, Juan Manuel Ospina, dice que “En las elecciones de antes se sentía la presencia de los partidos”, y, además, “en esa época los candidatos estaban al servicio del partido. Hoy los partidos están, en muchos casos, al servicio de los candidatos”. Son añoranzas de tiempos idos que no volverán. De los triunfadores se espera que cumplan lo prometido y no olviden el bien común. Agrego: entre las muchas sorpresas del pasado domingo 29: el ciudadano ruso y profesor de alemán Mijaíl Krasnov, elegido alcalde de Tunja con 27.330 votos.
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