Un reciente editorial de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras dijo lo siguiente: “Anif y Fedesarrollo han venido argumentando que los faltantes fiscales estructurales del Gobierno central (presionados por gastos de pensiones, salud e infraestructura) ascenderían a cerca de 2% del PIB por año. Sin embargo, los menores ingresos petroleros fácilmente pueden haber añadido faltantes estructurales (no simplemente coyunturales) del orden del 1% del PIB, lo cual ha sido señalado en el reporte de la comisión de expertos tributarios”.
Lo anterior significa que el actual consenso académico apunta en la dirección de que hay un faltante en las cuentas fiscales del país del orden de 3 puntos del PIB, que son más de 20 billones de pesos. Esta debería ser por tanto la meta teórica a la cual tendrá que apuntar la reforma tributaria que, luego de largos titubeos, se ha anunciado por parte del Gobierno que presentará a consideración del Congreso el año entrante.
No estamos hablando pues de una reforma menor o cosmética. Estamos hablando de que se requiere, con urgencia, si no se quiere dejar desquiciar el manejo fiscal del país, de una reforma no solo estructural sino muy dura en términos de recaudos.
De otro lado: por virtud de la desacertada reforma tributaria del 2014 las tasas de tributación empresarial se elevaron a niveles estratosféricos que la ANDI calcula en 65%, uno de los más altos del mundo. El Gobierno, por boca del ministro de Hacienda, ha reconocido el error garrafal que se cometió al tramitar aquella improvisada e inconsulta reforma hace dos años.
El último informe del Consejo Nacional de la Productividad coloca la desmesurada tributación empresarial como uno de los lastres más delicados del crecimiento económico colombiano.
Este rompecabezas fiscal conduce entonces a que, de una parte hay que recoger vía nuevos tributos cerca de 20 billones por año de ahora en adelante; pero de otra hay que moderar la desmesurada tributación empresarial que quedó mal diseñada en la reforma aprobada en el 2014. No será fácil armar este rompecabezas, pero hay que hacerlo. La sanidad fiscal y el desarrollo económico dependen de ello.
Súmele a lo anterior, que a pesar de tantos esfuerzos que el Presidente viene haciendo por la paz, el Ministerio de Hacienda no ha hecho hasta el momento ninguno esfuerzo importante para asegurar la financiación del pos conflicto, que comenzaría en marzo del 2016.
El Gobierno recibirá el próximo 25 de diciembre el informe final de la comisión de expertos tributarios. Esta comisión ha venido trabajando con sumo esmero. Cuenta igualmente con las recomendaciones de la Oecd. O sea, habrá sobre la mesa un completo repertorio de fórmulas a disposición del gobierno para que enfrente cuanto antes, y no le de más largas, la difícil pero apremiante tarea de armar el rompecabezas fiscal en el 2016.
En ese repertorio figurarán fórmulas defensables desde el punto de vista técnico pero cuya digestión por la opinión pública no será fácil: más IVA, menos exenciones y gabelas, más control a entidades sin ánimo de lucro, más tributación para las personas naturales y menor presión sobre las empresas, una reestructuración a fondo de la Dian, entre otras.
Al Gobierno se le acabó el tiempo para emprender una profunda reforma tributaria estructural. Tiene que coger el toro por los cuernos rápido, antes de que éste nos arrolle. Como ya está sucediendo.
