¿Vuelve la aspersión aérea con glifosato? Es el interrogante que queda después del auto de la Corte Constitucional. 

Por un lado, dice la Corte que no hay condiciones para regresar a las fumigaciones con glifosato; por otro, condicionó al Gobierno a cumplir con unos requisitos para implementar su uso y dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión final, organismo que debe “considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente”. 

En otras palabras, la Corte dio luz verde a la aspersión con glifosato para combatir los narcocultivos, con la condición de que el Gobierno adopte las medidas para minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente. 

No existe evidencia científica de que el uso del glifosato en la lucha contra las drogas no represente un daño para la salud; además, es una práctica inviable y onerosa. Un estudio de Pascual Restrepo del MIT y de Sandra Rozo de UCLA, demuestra que por cada hectárea asperjada los cultivos ilícitos se reducen en 0.035 hectáreas. Es decir, que para eliminar una hectárea sería necesario rociar 30, a un costo de U$ 72.000, de los cuales los Estados Unidos pone 1 dólar y el nuestro 2.2 dólares. 

Desafortunadamente la Corte desconoce lo que pasa a nivel internacional y enfrenta al país a seguir en la interminable discusión, después de 50 años de “guerra contra las drogas”. También, desconoce el precedente de las millonarias condenas contra Bayer y Monsanto por el uso de este herbicida carcinógeno; y las prohibiciones o restricciones a su uso en más de 15 países. 

La posibilidad de volver al glifosato -aunque se intente minimizar el riesgo- significa pérdidas para los campesinos y cultivadores, la población más vulnerable. Esa que, cuya única idea de “estado” no va más allá de una avioneta que periódicamente los envenena. 

La “guerra” contra las drogas bajo el insalubre e ineficiente esquema de aspersión aérea con glifosato, está perdida. La millonaria inversión que demanda esa lucha, debería destinarse a programas de sustitución voluntaria, investigaciones científicas sobre el uso medicinal de la marihuana y la coca, para convertir a Colombia en pionero mundial de esa industria.