Enseña la economía política que donde las instituciones y los mercados son predecibles se da más fácilmente el crecimiento, se aplican más coherentemente fórmulas de equidad y progreso, irrigan más los beneficios de estar conectados al mundo y pelecha mejor la modernidad. Las familias con certeza sobre su futuro son ahorradoras, consumidoras y más dispuestas al gasto en educación. Los empleados que cuentan con un horizonte de trabajo más seguro son productivos y creativos. Los estados son más responsables fiscalmente y menos ávidos de ingresos de urgencia para el gasto público de los gobiernos, especialmente de los malos.
No hay predecibilidad. El mundo se debate entre las nuevas amenazas un tanto incomprensibles de la COVID y la posibilidad de guerra larga y escalando en Europa; entre la amenaza de crisis alimentaria y energética y una inflación galopante que anule el crecimiento, inmune al alza de las tasas de interés; entre el mal funcionamiento de la logística y del transporte y la recesión en EE. UU. y el estancamiento de China, mientras las bolsas caen.
Por nuestro lado los factores de incertidumbre mundial afectan gravemente: inflación disparada, tasas de interés persiguiéndola y dificultades de abastecimiento y transporte en algunos subsectores. Tenemos deterioro grave de la seguridad, una altísima deuda del 60% del PIB, inversión en caída con solo 12% del producto y tasas para esa deuda ya más altas que las de Brasil, Chile y Perú; devaluación acelerada, déficit de cuenta corriente por encima del 6% y gran déficit fiscal. Este panorama produce desconfianza externa y alto riesgo de perder el grado de inversión que queda. “Como si fuéramos pocos, parió la abuela”: hay incertidumbre electoral.
Hay buenas noticias pero tal vez efímeras: bonanza en café, energía, azúcar y otros productos rurales, exportaciones creciendo casi al 50%, remesas al alza y apoyo del FMI para financiar nuestras cuentas externas; solidez de los bancos, altas tasas de crecimiento en pesos aunque estancamiento en dólares; hay más ocupados y buen manejo del Banco de la República; poca incidencia de Covid y altas tasas de vacunación.
El petróleo es hoy crucial: entre enero y marzo, las exportaciones crecieron 64% y las utilidades de Ecopetrol alcanzaron récord histórico dando alivio al financiamiento futuro de los programas sociales. Se han abierto nuevos concursos de exploración, incluso costa afuera, y los precios internacionales parecen quedarse por encima de los us$100 el barril. Encontrar más petróleo y vender más carbón es urgente para servir nuestra deuda ante el alza vertical de intereses. No explorar ni explotar petróleo ni carbón es acercarnos a una moratoria que hemos logrado evitar durante siglo y medio.
¿Qué decisiones económicas tomarían los candidatos el 8 de agosto, enguayabados, si son elegidos? En la izquierda, Petro suspendería la contratación petrolera: a sabiendas, haría inexorable una moratoria en el siguiente gobierno, suyo o ajeno, porque a punta de café y de aguacate Hass no seremos capaces de pagar. La propuesta tiene perversidad: el gobierno 22-26 se beneficiará de la bonanza energético-minera y podrá gastar aún más, en vez de aliviar la deuda y los déficits. Pero en los años subsiguientes tendríamos una catástrofe económica aparentemente no atribuíble a la administración que impidió que las futuras generaciones de colombianos disfrutaran, con los mejores precios conocidos, de los recursos que la naturaleza nos dio para nuestra prosperidad sostenible. Y mientras China anuncia que se apoyará en fondos privados de pensiones para evitar más gasto público, Petro dice que volvería los ahorros de dos millones de colombianos un nuevo rubro del gasto público. ¡Qué anacronismo!
Hay desde la izquierda propuestas para llevarnos con certeza a la catástrofe, interrumpiendo la modernidad anhelada. Y desde el centro y la derecha, solo propuesticas inanes que no lograrían vencer la incertidumbre.
