Colombia no termina de repetir su historia. La revista Semana hizo públicos unos perfilamientos y seguimientos ilegales por parte del Ejército Nacional a opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. Como resultado de lo anterior, el ministro de Defensa anunció el retiro de un general y otros altos oficiales, lo que significa un nuevo expediente oscuro en la historia de la inteligencia y contrainteligencia de nuestro país. Así mismo, el Gobierno decidió reversar el nombramiento del general en retiro Nicasio Martínez como representante de Colombia ante la OTAN.
Es pertinente resaltar que antes de la vigencia de la Ley de Inteligencia -de la cual soy coautor y ponente- los organismos de inteligencia del país actuaban sin Dios ni ley. Además, tuvimos durante mucho tiempo una situación aberrante para una democracia. Una entidad, el DAS, que concentraba funciones que en un Estado Social de Derecho no pueden estar en una sola institución: inteligencia y contrainteligencia civil, migración, policía judicial, protección de altos funcionarios y dignatarios del Estado y la representación de Interpol.
Como consecuencia, el mencionado Departamento Administrativo de Seguridad hizo varios seguimientos, interceptaciones, acosos a opositores e incluso sus jefes fueron coautores de varios asesinatos, como el de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizano. Por estos motivos y para evitar que estas situaciones se repitieran, así como las tristemente célebres “chuzadas” a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se aprobó esta ley, que fija como principal objetivo para la comunidad de inteligencia: la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, como lo reveló la citada publicación, estos abusos no terminan en el país y, peor aún, algunas investigaciones, caso operación “Andrómeda”, no avanzan. Las responsabilidades siempre recaen en mandos medios y bajos, pocas veces son asumidas por los altos mandos y la responsabilidad política jamás es siquiera contemplada por el Gobierno, y peor aún, nunca se llega a quienes imparten las órdenes o a quienes son destinatarios de la inteligencia ilegalmente recolectada. El país no solo pide que se hagan anuncios, sino que los órganos de control e investigación lleguen a resultados concluyentes. Las explicaciones entregadas por el gobierno son insatisfactorias y generan suspicacias e incredulidad. Si el Gobierno ignoraba lo que ocurría con costosos equipos donados por los Estados Unidos para frustrar actividades terroristas y desmantelar estructuras criminales narcotraficantes, es muy grave y tiene una responsabilidad por lo menos política en su incapacidad para controlar y mantener dentro de la legalidad las actividades de inteligencia. Si el Gobierno lo sabía y lo permitió es aun más grave y debería entonces responder también por múltiples violaciones flagrantes a la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia.
Por otra parte, el viernes pasado, el país se estremeció con el caso de Edy Fonseca, una mujer que prestaba el servicio de seguridad en un edificio del barrio Rosales, de la capital, y a quien no se le permitió salir de su lugar de trabajo por un mes. Así, sin agua, usando un balde como implemento de aseo y durmiendo en un sofá, pasó este tiempo sin poder visitar a sus familiares, sufriendo graves deterioros de salud. Mi solidaridad con Edy. No más abusos a los trabajadores. Este caso de esclavitud moderna, de tratos inhumanos y degradantes no puede quedar en la impunidad. La Fiscalía debe actuar lo más rápido posible para establecer responsabilidades y responsables.
