La situación fiscal es sumamente complicada. La primera razón es el frenazo monumental del crecimiento de la economía en el 2023, apenas un 0,6%, después de haber crecido 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022. La disminución sustantiva de los ingresos tributarios es la segunda. A junio, el total recogido era de $126,6 billones, el 40% de lo presupuestado para el 2024. El peor recaudo para el semestre en todo el siglo XXI, más bajo incluso que el de la pandemia. 

Hay que agregar que el Estado dejará de recibir $6,6 billones como resultado de la inconstitucionalidad de la no deducibilidad de las regalías. Y que tampoco entrarán los $15 billones que el Gobierno presupuestó como resultado del arbitramento a favor de la DIAN. Como mucho, ingresarán entre $1,8 y $3,2 billones. Y son dudosos los $13 billones presupuestados como resultado de una “gestión de recaudo inteligente” de la DIAN. Para rematar, está pendiente la sentencia sobre las sobretasas a las empresas minero energéticas y bancarias. Si se caen, el hueco sería como mínimo de $25 billones más.

Como resultado, el gobierno está buscando plata hasta debajo de las piedras. Han planteado flexibilizar la regla fiscal. Y subió la meta de la “gestión inteligente” de la DIAN a $27 billones, de manera que es previsible que se pondrá en la tarea de perseguir y a apretar a los contribuyentes que sí cumplimos juiciosamente con el pago de nuestros impuestos. Está rezando para que no se caiga en la Constitucional la reforma pensional, para liberar al menos parte de los $66 billones del presupuesto que se destinarían en 2025 al pago de las pensiones. Y anunció una nueva tributaria que busca recaudar $12 billones más.

En la misma línea está la propuesta de las inversiones forzosas. "El gobierno tiene un problema de ingresos grave […] la inversión forzosa es una propuesta para mejorar los ingresos del presupuesto”, confesó sin sonrojarse el director del DNP. 

La idea, sin embargo, es muy mala. Para empezar, habría que precisar que los dineros depositados en las cuentas de ahorro de los bancos, $294,6 billones a mayo, no son "ahorros públicos"", como los llamó Petro, sino estrictamente privados. Y los ahorradores los ponen en los bancos porque confían en su experiencia y profesionalismo para administrarlos. Con certeza no los dejarían en el sistema bancario si supieran que esos recursos se van a trasladar al gobierno para que este decida donde colocarlos. Es un grave error sustituir los conocimiento, la eficiencia y los criterios técnicos y de seguridad de la banca privada por los motivos políticos, clientelistas o electorales del gobierno. El próximo es un año preelectoral y el gobierno quiere acceder a ese dinero para apalancar los programas y sectores que, en su opinión, le darán más apoyo en las elecciones del 26.

Las inversiones forzosas distorsionan el mercado, le quitan recursos a los bancos para prestarlos eficientemente, de manera que disminuyen la oferta de dinero y aumentan su costo, es decir, fomentan una subida de las tasas de interés, desestimulan el ahorro privado porque crece el riesgo para los depositantes, afectan la confianza y agudizan la incertidumbre, y, tanto por el desestimulo al ahorro como por los costos económicos, limitan un crecimiento que ya es paupérrimo. 

Para rematar, este es un gobierno derrochón y corrupto como ninguno, altamente ineficiente e improvisador, con una bajísima ejecución presupuestal -apenas del 36,6% a junio, la peor en 23 años-, y con un MinHacienda investigado por sobornar a los congresistas. En esas condiciones, lo que hay que exigirle es que ejecute bien y que reduzca el gasto público. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion