En Colombia invocar la institucionalidad es una rutina cotidiana. Se le relaciona con cualquier hecho referido a la nación. Es una marca articulada a la democracia. Sin embargo, ese tejido trasciende mucho más: configura una noción de Estado, consagrada en la Constitución. Algo contario a la realidad.
Se ha propagado la creencia de que las elecciones legitiman la voluntad popular con respecto al gobierno, cuando la verdad es que ese ejercicio ciudadano adolece de reconocidos vicios, contrarios a las demandas de las comunidades para la satisfacción de sus necesidades y la aplicación de los derechos como garantía de protección de su existencia.
El debilitamiento de la institucionalidad se da en el entramado de la corrupción, surtido de acciones que van desde el enriquecimiento ilícito con los recursos de los contribuyentes hasta las diversas formas de abuso de poder. La abyección en la administración de justicia, el patrocinio de la violencia con todas sus variables criminales, el menosprecio de los derechos humanos, la explotación laboral, la permisividad de la inseguridad ambiental, el autoritarismo en el trato a las personas, el racismo y las mordazas a las libertades, arruinan a cualquier sociedad, con afectación a la convivencia.
No tiene sentido invocar la institucionalidad como algo positivo cuando se busca frenar el desarrollo social, atravesando palos en la rueda de la historia. Ese freno retrógrado genera atrasos y estimula la agudización de los problemas cerrando las posibilidades de solución, que no perjudican y en cabio promueven una apertura de satisfacciones.
Si se pretende sostener una institucionalidad funcional conviene crear las condiciones de alcance colectivo, lo cual debe llevar a cerrar las brechas de desigualdad, tomando en cuenta que cuanto se reste a la dignidad de las personas se convierte en motivo de lucha de clases.
La construcción de paz en la nación es una fuente irrigadora de la institucionalidad. Cuando el país erradique las violencias que lo asedian y este saneamiento oxigene un nuevo desarrollo se consolidarán muchas posibilidades de progreso económico y social y entonces se podrá celebrar el advenimiento de una nueva etapa. Se harán efectivos los beneficios de la democracia. Ahorrarse muertes atroces, desplazamientos, desapariciones, extorsiones, secuestros, asesinato de líderes sociales y otros desatinos contra la vida, es darle a la nación la dimensión que merecen sus habitantes. Es la prioridad en la que deben insistir todos, para cerrarle espacios a la barbarie.
Una institucionalidad con fracturas y vacíos, con alzados en armas para victimizar a la sociedad civil, con niños desnutridos y una alta mortalidad de estos, está en crisis. Y esto debe llevar a un trabajo comunitario que ponga fin a esa situación de adversidad.
Nada justifica padecer el horror de la violencia y quienes defiendan esta vía son enemigos de Colombia. Para liquidarlos hay que ganar los espacios de la paz, con todos los beneficios que se alcanzarán. No es una causa fácil, pero se debe asumir para poner a Colombia en el rumbo correcto. Como debe ser.
Puntada
La llegada de Juan Antonio Nieto a la rectoría-presidencia de la seccional de Cúcuta de la Universidad Libre es positivo para la región. Tendrá un escenario adecuado sus conocimientos y su talante de idóneo servidor.
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