La historia de Colombia está marcada por la violencia. Esta ha sido una constante, con actores que privilegian la muerte como si les dejara rédito de riqueza y de poder. Desde la acción de conquista por los españoles que se adueñaron del territorio hasta estos nuevos tiempos no ha faltado la pasión criminal para el exterminio por motivaciones partidistas, o de despojo de tierras, o de discriminación clasista o de represión a los defensores de derechos. Para la ejecución de tan repudiables actos letales no han faltado los sicarios adiestrados y toda esa pandilla de atroces asesinos.
La carnicería consentida contra la población indígena, la sevicia aplicada a los esclavos traídos desde África, el hostigamiento a los nativos que expresaban inconformidad con el régimen colonialista impuesto desde España, las confrontaciones en las guerras civiles, la pugnacidad por el sectarismo partidista, el despojo de tierras a los campesinos, son contribuciones al exterminio. A lo cual hay que sumarle otros capítulos de suplicio. La Comisión de la Verdad tiene una surtida memoria sobre los episodios de horror consumados durante casi medio siglo. Es un acumulado de actos criminales llevados a cabo con perversidad.
La violencia entre los años 40 y 50 del siglo XX, cuyos protagonistas fueron conservadores y liberales como victimarios y víctimas, dejó 200.000 muertos. Se configuró una carrera a ritmo de sangre y fuego, despiadada y desoladora. A ese derrumbamiento de la existencia de tantos colombinos siguió la aparición de las guerrillas, que se presentaron con la bandera de las causas sociales para sacar de la pobreza a los colombianos. Esos ejércitos de combatientes incubaron el conflicto armado con todos sus efectos de perturbación, con el desafío de llegar al poder y sustituir el modelo existente, basado en la división de clases.
A las guerrillas se enfrentan los paramilitares, de alineación enemiga, con matrícula de derecha y afines al narcotráfico. Pero tienen como común denominador la violencia, ejercida contra la población civil y mediante formas de ultraje a la persona humana: secuestran, extorsionan, reclutan menores, matan, incurren en violaciones de orden sexual, discriminan a los indígenas y patrocinan actividades regresivas.
De ese mal de la violencia como ejercicio criminal no se salva ni la Fuerza Pública del Estado. Allí está como prueba irrefutable la ejecución extrajudicial de 6.402 colombianos indefensos, reclutados con fines criminales para luego hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Es lo identificado como falsos positivos.
También hace parte de la suma de crímenes contra la vida en Colombia el exterminio de la Unión Patriótica. Fue un holocausto infame en una operación consentida para liquidar una colectividad alineada con los intereses populares. Fue una forma de restarle posibilidades a la democracia e impedir la apertura de espacios de renovación política.
Y allí no para el cotidiano exterminio. La diaria eliminación de líderes y lideresas sociales es una recurrencia tóxica en la nación. Y la justicia sigue en el modo de la impunidad.
Hay muchas más acciones de violencia en Colombia que hacen prioritaria una cruzada por la paz y la democracia por encima de sus enemigos.
Puntada
Toda la población debe participan en la protección del medio ambiente.
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