La semana pasada un senador anunció que radicará un proyecto de ley que busca prohibir la música considerada “ofensiva”. 

Sí, así como suena. La iniciativa propone que las “letras musicales que atenten contra el buen nombre y dignidad de las mujeres y los menores de edad”, sean censuradas.

Con la excusa de proteger la salud mental de los niños -se parte de que este legislador no sabe de un tema tan serio- pretende iniciar una cacería de brujas sin sentido, al mejor estilo de un estado totalitarista que les diga a los ciudadanos qué deben escuchar y qué no. 

Es increíble que con tantas dificultades y necesidades de la población, se genere un desgaste con iniciativas pobres y sin sentido como esta. 

Un completo disparate y un fraude para quienes lo eligieron.

Por la conveniencia de la fecha en que se anunció el proyecto y por ser una propuesta tan absurda, solo puede ser un distractor ante la tormenta política que vive el país. 

Una excusa para no hablar de la compra de votos, de la perversa relación corrupta entre negocios y política, negocios y periodismo; temas incómodos y ocultos que buscan ser evadidos con cualquier cortina de humo. 

Es triste que esto pase, pero más triste es que la institución parlamentaria se desgaste aún más, dejando de lado el estudio de reformas estructurales que Colombia necesita desde hace décadas. Por ejemplo, una reforma política acompañada de un nuevo código electoral.

El país no sale del asombro por las escandalosas declaraciones de la exsenadora Aída Merlano, al parecer un secreto a voces y que a muchos políticos ni siquiera hace sonrojar. 

El Fiscal General anunció que esa entidad no iniciará acciones hasta tanto ella regrese al país -recaptura o entrega-, debido a la ausencia de cooperación judicial con Venezuela. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó el testimonio de la ex congresista a través de videoconferencia, dentro de una indagación preliminar contra el senador Arturo Char. 

El descontento es generalizado, la gente espera que esta vez la justicia investigue cuidadosamente y se acabe con la impunidad que por años ha permeado los procesos electorales y sus instituciones.

Esta cadena de sucesos crea una fractura aún más profunda entre el país político y el país nacional. La situación se complica más con los paros, las protestas, el inconformismo, la pobreza, el asesinato de líderes sociales y la inequidad. Todos los problemas que arrastramos desde el siglo pasado son ignorados.  El Gobierno y algunos congresistas no pueden seguir de espaldas al pueblo, atropellando su libertad y sus derechos. Es hora de una nueva manera de hacer política para la gente y no para los políticos.