Eso es lo que dicen hoy muchos colombianos, y otros más lo piensan en silencio. Sin embargo, estamos ante el reto más delicado de la paz. Me refiero al desafío de implementar los acuerdos de paz y construir condiciones de no repetición a través de justicia social y de equidad en donde todos se sientan incluidos sin la saturación de la retórica de paz. Esa es mi meta personal y mi derrotero como Senador. 

Por eso, seguiremos insistiendo en el Congreso de la República para que la implementación de los acuerdos en La Habana incluya a los 8 millones de víctimas. Es necesario entonces imponer a los actores del conflicto la obligación que tienen con la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

En relación con el primer punto, logramos avances en el diseño de la Justicia Especial para la Paz al permitir la participación real e informada de las víctimas, en los procesos de la jurisdicción de paz. Así, los victimarios tendrán que darle la cara a sus víctimas y aquellas, podrán tener asiento en los procesos judiciales y no quedarse únicamente con la narrativa general sobre la guerra, que entregará la Comisión de la Verdad. 

En lo que tiene que ver con los otros dos puntos, ya empezamos a dar la batalla. Queremos lograr que, en materia de reparación, sean los victimarios y no el Estado colombiano, los principales responsables. Las Farc tienen que aportar las tierras que despojaron, sus bienes y el dinero en efectivo que enterraron. Los bienes que el régimen de Maduro y Ortega les esconde en Venezuela y Nicaragua deben ser enviados a Colombia. 

Solo si se demuestra plenamente la incapacidad del victimario para reparar materialmente a su víctima, el Estado debe intervenir. La responsabilidad de pagar las indemnizaciones en el marco de los procesos de paz no puede recaer únicamente sobre el Estado, pues su labor es la de ser garante o responsable subsidiario de la reparación, mientras que el victimario debe asumir las cargas económicas y las obligaciones tanto pecuniarias como simbólicas, que se demanden. 

Por último y en relación con el fortalecimiento institucional, creemos que es necesario articular el Sistema de Verdad Justicia y Reparación y No Repetición, con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Hoy día, esos sistemas están aislados y separados, desconociendo la importancia del material con el que ya cuenta el país. Si no articulamos la nueva institucionalidad con la ya existente, corremos el riesgo de duplicar funciones, crear entidades inoperantes, desperdiciar recursos públicos y más peligroso aún, fracasar en el cumplimiento de las expectativas creadas por la paz y ahí sí, convertirla solo en retórica.