El proceso de descentralización no ha sido un fracaso. Se inició en 1986 y se fortaleció en la reforma constituyente de 1991. Transformó profundamente el sistema político, las finanzas públicas y la política social. La elección popular de alcaldes (1988) y gobernadores (1992) enterró 150 años de dominio bipartidista y creó al fin un sistema político pluralista y democrático. La transferencia de cuantiosos recursos para todos los municipios y departamentos financió el fortalecimiento de instituciones territoriales, así como el desarrollo de empresas estatales, privadas, asociativas, sociales, comunitarias y étnicas. La descentralización de la política social básica, en particular de la salud, la educación, el saneamiento y el agua potable extendió, como nunca en la historia, la cobertura de bienes definitivos en la calidad de vida.

Sin embargo, después de 37 años de descentralización y de billones de pesos transferidos a los gobiernos locales, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. El reto: profundizar el proceso de descentralización para que los beneficios del progreso incluyan a todas las comunidades sin importar en qué parte del país se encuentren.  

La Misión de Descentralización, que lidera el Departamento Nacional de Planeación, llama a un pacto por una nueva ola de descentralización que ataque cinco grandes retos: la equidad, la inclusión socio territorial, el cambio climático, el gobierno abierto y la autonomía étnica.

La equidad entendida como la convergencia en el desarrollo y bienestar entre las entidades territoriales. Por ejemplo, que todas dispongan de carreteras en buen estado, empresas que generen empleos, conectividad digital y acceso a servicios públicos, sin discriminar por su lugar de residencia.

La inclusión que integra la población del campo y de las fronteras, es decir que todos los niños tengan una escuela cercana o un centro de salud y que los 900 alcaldes de los pueblos más pequeños puedan tener recursos para invertir en las obras que su comunidad demanda.

El cambio climático que nos urge a construir sistemas productivos, de transporte, de consumo y posconsumo, e incluso instituciones que se rediseñen, poco a poco, de cara a los circuitos del agua o no habrá futuro para la humanidad.

El gobierno abierto debe conocer un salto cualitativo hacia el Estado y la sociedad abierta. La democracia requiere de una ciudadanía activa y empoderada, capaz de apropiarse de su territorio y recursos para hacer público lo público y trascender la dicotomía entre estatizar o privatizar. Esto es, situar en el centro de las políticas públicas los escenarios de deliberación, concertación y refrendación. Solo la ciudadanía activa puede arrinconar estructuralmente el poder del clientelismo y  la corrupción que se han apoderado del patrimonio colectivo.

Finalmente, está la autonomía étnica que materialice las Entidades Territoriales Indígenas o los Territorios Indígenas, como si fueran municipios o departamentos, aunque respetando sus características propias; promesa de la Carta del 91, hasta ahora postergada.

La Misión de Descentralización es la oportunidad para que gremios y asociaciones territoriales, organizaciones sociales, étnicas y de profesionales, universidades, centros de pensamiento, partidos y movimientos políticos formulen propuestas. Es tiempo de cumplir y de avanzar de manera más resuelta en la construcción de un país más pluralista, equitativo e integrador.

Por: Darío I. Restrepo
Director de la Misión de Descentralización del DNP