Esta semana se conoció el número de pandillas en Colombia. Los registros indican que en Bogotá hay 107, en Medellín 90 y en Cali 105. Se trata de una problemática que afecta primordialmente a los jóvenes de nuestro país, sobre la que hay registros confusos de información y en la que el alcohol y otras sustancias psicoactivas son de uso generalizado. Por eso, mas allá de caer en lugares comunes sobre la necesidad de reprimir el uso de sustancias, es necesario abordar este fenómeno desde los problemas de seguridad y convivencia que generan. 

En particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que en la última década se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados. El abuso de sustancias es uno de los detonantes en la violencia que generan las pandillas. Se requiere entonces una atención inmediata, pero pertinente. Los miembros de estos grupos juveniles no son necesariamente delincuentes, pero si son jóvenes que han crecido en ambientes de vulnerabilidad y son presas de la invitación de grupos criminales que les aseguran dinero, protección o sentido de pertenencia. 

La tentación colectiva es recurrir al populismo punitivo, la cárcel no como última opción sino como primer recurso. Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas. Es necesario responder con firmeza a los daños causados por este fenómeno pero al mismo tiempo, buscar caminos de inclusión. Aunque muchas voces se levantarán pidiendo recurrir a medidas populistas, efectistas e inmediatistas. 

Una política de seguridad debe ser integral e incorporar a todos los actores responsables en la sociedad para una intervención a corto, mediano y largo plazo. La impunidad sin duda es otro detonante evidente en las conductas criminales y por eso antes de pensar en más leyes, lo lógico es cumplir las que ya existen. La institucionalidad debe recuperar autoridad y legitimidad pero también invertir decididamente en nuevos formatos de prevención y de educación, que mitiguen los riesgos de esta población, que garanticen permanencia en el sistema educativo y que atiendan el consumo problemático de sustancias.