El miércoles de la semana pasada, en medio del llamado en los medios de comunicación “escándalo de corrupción en las Altas Cortes”, la senadora Viviane Morales salió en un noticiero defendiendo con ardentía su propuesta de presentar un proyecto de ley para convocar una nueva Asamblea Constituyente para reformar la justicia.
En varios noticieros de televisión le preguntaron a la senadora Viviane Morales si no era peligroso convocar una nueva Asamblea Constituyente, en el sentido que ésta también podría declararse soberana y desbordar el temario puesto a su disposición, como en la de 1991.
La clave en este asunto es recordar que hasta 1990 no existía en Colombia mecanismo diferente para reformar la Carta que no fuera vía Congreso de la República, entonces mal podría haber regulación de este mecanismo de reforma, por lo que todo lo que se hizo fue en contravía de lo establecido.
Entonces, en 1991 se convocó la Constituyente ignorando 104 años de vida institucional.
Otra Constituyente que la sacó del estadio fue la que por cuatro años (1912-1916) sesionó en los diálogos de La Habana, porque aunque tenía temario definido se lo pasaron por la faja y, por lo que hemos visto ahora que comienza el desarrollo legislativo de los Acuerdos, parece que el único “constituyentista”, como dice el presidente Nicolás Maduro, fue el abogado Enrique Santiago Romero, miembro del partido comunista español, quien asesoró a las Farc y ¡vaya de qué manera!
Lo primero que hizo fue redactar él solo los Acuerdos, porque nuestros “constituyentistas” parece que eran convidados de piedra y porque ahora son los primeros sorprendidos con lo que se está implementando.
Al final, con la anuencia del Gobierno, el señor Enrique Santiago sometió la Constitución política a los Acuerdos de La Habana, es decir, éstos están por encima de aquélla.
Lo cierto es que la actual Constitución sí consagró este mecanismo de la Constituyente, como también regula lo que podríamos llamar una “Constituyente limitada”, es decir, “con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine”. Con esto queda sofocado cualquier intento de extralimitación.
No podemos ignorar que la intención de la senadora Vivian Morales es buena porque las Altas Cortes deben dedicarse a administrar justicia y por ello hay que retirarles la facultad de postular candidatos y elegir otros (Postulan candidatos para procurador, eligen al fiscal general, etc.), pero el camino está pletórico de obstáculos difíciles de remover, como lo prueba los tantos intentos fallidos de reformar la justicia, donde hubo hasta amenazas de una de las Cortes en el sentido de investigar a los congresistas si continuaban en su empeño de reformarlos.
Muchas otras preguntas han salido a flote en estos días, en el sentido de si vale la pena hacer esta convocatoria cuando el presidente Juan Manuel Santos ya está de salida, cuando estamos ad portas de entrar en la campaña de elección al Congreso de la República (Marzo 11/18) y la campaña presidencial (Mayo 27/18), pero la idea de acabar el clientelismo judicial vale, tan solo que será en otro momento.
