La situación económica y social de la frontera no da tregua. Hablo particularmente de lo que sucede en Cúcuta y su área metropolitana. En muchos lugares de nuestro municipio se siguen viendo en aumento la diáspora de venezolanos que entran a nuestro territorio para poder buscar comida, oportunidades o en general un mejor futuro.
Nadie se opone al apoyo de nuestros hermanos venezolanos. En otros tiempos ellos nos ayudaron mucho cuando el conflicto armado interno colombiano estaba desbordado y muchos colombianos –en especial cucuteños- pensaron en irse o se fueron al hermano país vecino a buscar otros horizontes.
Sin embargo, la cuestión es ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional para apoyar a los municipios fronterizos como Cúcuta para poder sobrellevar esta situación? La verdad he visto visitas de distintos organismos institucionales del Gobierno como la Cancillería, que vienen a La Parada, se reúnen con distintas autoridades, se toman la foto, sacan un comunicado diciendo que la cuestión no es tan grave, y adiós el invitado.
Eso da molestia e impotencia y lo más importante una sensación de discriminación. No necesitamos que el Gobierno venga a tratarnos como infantes, como incompetentes que necesitan un adulto para resolver las cuestiones. Lo que sí necesitamos son herramientas jurídicas, financieras y una política exterior recíproca con Venezuela para poder afrontar retos como la venida de venezolanos a nuestra tierra, el incremento del contrabando, la inseguridad, las bandas criminales que allí pululan, entre muchas otras cosas.
Por ese tipo de cuestiones muchos ciudadanos piensan que el Concejo de Cúcuta no ha querido hacer algo para resolver la mencionada situación económica y social que vive nuestro municipio. Es indudable que el Concejo –o al menos algunos concejales- está tratando de trabajar de la mano con el alcalde –pese a muchas discrepancias con este- para poder darle movilidad económica y social a la ciudad.
Por supuesto, al Concejo le preocupa el desempleo, la informalidad, la poca inversión privada y pública que ha venido a Cúcuta, pero no debe perderse de vista que dicha Corporación tiene competencias constitucionales y legales limitadas. Y que si bien este quisiera hacer mucho más, hay situaciones que competen a otras autoridades –en lo principal a las nacionales- o que sin su concurrencia sería muy difícil darles solución: régimen tributario especial, régimen laboral especial transitorio para incentivar y proteger el empleo formal, consolidación de una frontera inteligente que controle el contrabando de bienes y servicios, inversión pública especial para dinamizar la economía, apoyo logístico y financiero (salud, alimentación, etcétera) a los venezolanos que sigan llegando a Cúcuta y su área metropolitana con albergues temporales que cumplan con los estándares mínimos humanos, internación de vehículos venezolanos, etcétera.
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional ha hecho inversiones importantes en infraestructura vial para apoyar a nuestra región, también es cierto que pareciese que se encontrase acuartelado por los avances significativos del proceso de paz con las Farc. ¿Será que olvida el gobierno que los integrantes de ese grupo son aproximadamente siete mil -sin olvidar el contexto- mientras que los hermanos venezolanos que llegan todos los días a nuestra frontera sobrepasan muchas veces las cuarenta mil personas?, ¿qué haría el Gobierno si la situación política en Venezuela se agravase -como se sospecha- y se llegase a dar una diáspora mayor de venezolanos a la frontera con intenciones de permanencia?, ¿tendrían Cúcuta y el departamento que asumir el costo financiero de ayudar a esta eventual población con sus limitados presupuestos públicos? No es justo para los cucuteños y mucho menos para los hermanos venezolanos.
