El viernes 20 de noviembre, Colombia se abstuvo de votar en la Organización Mundial del Comercio una propuesta liderada por India y Sudáfrica, consistente en levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas que demuestren efectividad contra el Covid-19, así como sobre los tratamientos, pruebas diagnósticas y equipos médicos.

De aprobarse, se permitiría que el conocimiento fuera compartido, de tal forma que países como el nuestro puedan producir la vacuna localmente, a menor costo, alcanzando una cobertura generalizada en el menor tiempo posible. Cabe destacar que la iniciativa ‘Médicos Sin Marca’, respaldada por más de 30 prestigiosas organizaciones, había solicitado por escrito al presidente Iván Duque que respaldara la mencionada propuesta.

De otra parte, las farmacéuticas que actualmente desarrollan las vacunas, se opusieron a la propuesta por motivos económicos. Lo anterior es entendible, dado que la inversión para obtener resultados favorables ha sido de cientos, tal vez miles de millones de dólares y naturalmente quieren recuperarla. Algunos de estos laboratorios farmacéuticos han recibido aportes de sus gobiernos y del sector privado.

Una parte de las compañías farmacéuticas han anunciado que durante las primeras etapas comercializarán sus vacunas a precios cercanos al costo, a fin de facilitar que estén al alcance de toda la población. Incluso así, para los países pobres sería muy difícil adquirir vacunas suficientes para toda su población. Además, un estudio de la Universidad de Duke calcula que hasta 2024 no habría vacunas suficientes, dada la capacidad instalada de producción de los laboratorios fabricantes.

En este duro momento que afrontamos, de una pandemia que ha cobrado la vida de casi un millón y medio de personas a nivel global, debería primar la protección de la vida sobre los intereses económicos. La flexibilización de las reglas de propiedad intelectual, en este caso específico, parece necesaria para que la vacunación pueda realizarse en un corto plazo de forma masiva en todo el planeta. Sin embargo, deben buscarse alternativas para que los laboratorios que desarrollen la vacuna recuperen su inversión, pero sin que esto signifique mantener en reserva el conocimiento durante años, frenando el ritmo de producción de vacunas y permitiendo una mayor pérdida de vidas.

Por tal motivo, mi propuesta al gobierno y salvaguardando la tradición de nuestro país de respeto hacia la propiedad intelectual -lo que brinda seguridad jurídica- es que negocie con las farmacéuticas un costo por la patente y nos permita producirla. Como refleja el estudio de la Universidad mencionada, el problema no será el dinero, sino que no habrá capacidad de producción suficiente. Muy grave que el gobierno vote en contra del interés nacional de los colombianos. Eso sí es traición a la patria.