En este momento, el centro de la discusión política nacional gira en torno a un solo proyecto de ley: la unificación de periodos. 

Esta iniciativa que pretende sustituir la Constitución Política al ser una medida de facto, donde el Congreso de la República está abusando de su función al querer que los mandatarios que fueron electos por el constituyente primario por un periodo de cuatro años, se les extienda por 30 meses más, constituye un golpe de Estado, la instauración de un régimen hegemónico y totalitario.

Sin embargo, lo más preocupante es la falta de agenda política, de rumbo y la poca preocupación del Gobierno Nacional por los problemas estructurales del país. 

Pareciera que éste, como otros temas son aprovechados con el acostumbrado tinte populista para que el país esté distraído, mire al otro lado y malgaste sus esfuerzos en temas innecesarios y perversos.

Por eso nos preguntamos ¿dónde quedó el debate sobre el tema agrario, primer punto del acuerdo de paz? 

El presupuesto asignado es de apenas 2,5 billones de pesos, dinero que no es suficiente para lograr un cambio significativo, sino para mantener todo como está actualmente. 

Continuarán situaciones como que en el campo, donde una de cada dos personas es pobre, donde hay menos educación -5 años de estudio en promedio-, menos cobertura en servicios públicos -alcantarillado 6 %, acueducto 20 %-, que constituye una distribución sumamente inequitativa de la tierra -0.88 de coeficiente de Gini- y una alta informalidad de los derechos de propiedad -60 % de los campesinos no tienen títulos formales-, escasa oferta de créditos -9 %- de asistencia técnica -16 % utiliza algún tipo de maquinaria o asistencia-, menos vías terciarias y distritos de riego -33 % utiliza distritos-. Con estas cifras y porcentajes no habrá paz.

Por eso el Nuevo Liberalismo tendrá como objetivo una reforma a la institucionalidad agraria, construcción de un catastro y mercado de tierras, formalización de  títulos de propiedad de los campesinos, comercio justo, agricultura orgánica, ofrecerá asistencia técnica por medio del SENA y alianzas Estado-Universidad-Empresa para el desarrollo tecnológico agropecuario. 

También se fortalecerá las asociaciones campesinas, cooperativas, los gremios y se crearán incentivos tributarios a la inversión en el campo. También se establecerá un sistema de protección para los campesinos, que incluya seguros climáticos, seguridad social, vivienda, pensiones y créditos subsidiados.

Nuestro partido recuperará la justicia social para el agro, ya que la ausencia de políticas de desarrollo rural tiene “quebrados” a nuestros campesinos, columna vertebral del desarrollo. Esos son los temas que deben ser prioridad en la agenda pública y del gobierno, no distractores perversos.