En mi última columna para La Opinión, abordé el tema de la seguridad, un asunto recurrente en el área metropolitana de Cúcuta debido a los acontecimientos violentos, su frecuencia y los diversos escenarios donde ocurren. Estos incidentes afectan la percepción de inseguridad, especialmente tras el reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, que sitúa a Cúcuta en el puesto 43.
Recientemente, mientras dialogaba con mis estudiantes de la maestría en Administración Pública de la ESAP, reflexionamos sobre la seguridad en la frontera. Un punto de partida fue la descentralización en Colombia y las competencias asumidas por los municipios, considerando la “carga” que esto representa según la Ley 1551 de 2012. Esta ley asigna a los alcaldes la función de “diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural”. A pesar de esta perspectiva valiosa, no se dimensionaron adecuadamente las capacidades técnicas, presupuestales e institucionales requeridas para asumir dicha responsabilidad. Tampoco se consideró la prevalencia de una óptica municipalista que dificulta comprender la complejidad de los procesos de metropolización, mucho menos a una escala transfronteriza, con gobiernos locales fragmentados que actúan a una escala mucho menor.
Este análisis es crucial para enfrentar problemas como el crimen organizado. Según Global Initiative, Colombia es uno de los países con mayores índices de crimen organizado del mundo. “Además, las redes criminales de las Américas juegan un papel fundamental en la escena mundial, y Colombia, México y Perú están entre los cinco primeros países en este indicador. Colombia ocupó el primer puesto mundial para las redes criminales (9,50) y los grupos de tipo mafioso tuvieron la misma puntuación. Venezuela está a la par de Colombia en el indicador de grupos de tipo mafioso”. La frontera se convierte así en un escenario propicio para el anclaje de rentas provenientes de economías sumergidas que son vitales para estos grupos. En términos de “metropolización transfronteriza”, un estudio del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional afirma que “el crimen tiene una larga experiencia en funcionar de forma metropolitana, mientras que el Estado sigue operando municipalmente”.
Las fronteras son “complejos regionales de seguridad” (Buzan y Wæver, 2003), definidos como “una serie de unidades cuyos principales procesos de securitización y desecuritización están tan estrechamente ligados que sus problemas de seguridad no pueden ser analizados o resueltos de forma aislada”. Existe una interdependencia desafiante entre dos espacios geográficos colindantes. Según Ángel Rabasa y John E. Peters, las fronteras pueden considerarse “territorios desgobernados”, producto de una “relación disfuncional o anómala entre dos variables: el espacio físico (territorio) y el grado de control que sobre él ejerce el Estado”. Molano y Zarama (2015) sostienen que un desgobierno no es sinónimo de anarquía, sino que indica que un territorio determinado está más allá de la dominación del gobierno responsable de ejercer control, ya sea porque carece de las capacidades necesarias, porque es desafiado por otros poderes o configuraciones institucionales.
El deterioro de la seguridad no es solo un problema de la AM de Cúcuta, sino de todo el país. La seguridad humana multidimensional enfrenta problemas de operatividad. En el plano local, una mirada fragmentaria y desarticulada generará acciones poco efectivas, agudizando el problema. Ya con planes de desarrollo aprobados, se espera que los PISCC sean una oportunidad y no cantos de sirena.
