El secretario general Almagro lo dijo con toda claridad: negar asistencia humanitaria a Venezuela es una conducta criminal. Pero otorgarla de forma reactiva y sin una planeación adecuada, puede ser un acto irresponsable de nuestro país. Esta semana, la Organización de Estados Americanos (OEA), le pidió al gobierno de Venezuela abrir un canal humanitario para ayudar a paliar la grave situación migratoria y de salud que padecen los venezolanos.
Las cifras revelan la existencia de una verdadera crisis de salud pública que avanza rápidamente y amenaza con extenderse a varios países latinoamericanos. Por eso, es oportuno establecer cuál es la política migratoria que tiene nuestro país, qué acciones tiene capacidad de emprender para asistir a los venezolanos y proteger a los colombianos, quiénes intervienen como actores de esa política, quiénes contribuyen a que sea consistente, y cuáles son las metas a las que apunta a corto, mediano y largo plazo. Las cifras de la diáspora venezolana son alarmantes. En relación con Colombia, el 2017 presentó un crecimiento del 600% de flujo migratorio respecto a 2016, cuando pasaron solo 32 mil ciudadanos, contra los más de 231 mil de 2017. Por esto, es necesario contar con medidas claras que respondan a la crisis del país vecino, pero que no dejen desprotegidos a nuestros compatriotas.
Uno de los ingredientes fundamentales de esa política pública debe ser promover y facilitar el retorno de colombianos que han salido de Colombia y han decidido establecerse en otros destinos. De otro lado, la política migratoria debe facilitar la entrada de extranjeros interesados en invertir y aportar conocimiento y trabajo a nuestro país.
Otra gran preocupación que debe ser atendida por una política pública clara de migración, es la situación laboral de los migrantes venezolanos. Son constantes las denuncias que recibimos sobre las lamentables condiciones laborales y de seguridad social en las que se encuentran quienes quieren trabajar en nuestro país.
En paralelo a estas denuncias, también se presentan alertas sobre muchos colombianos que perciben un deterioro general en sus condiciones de trabajo, como resultado de la reciente migración. Es urgente trabajar en una propuesta de política migratoria, e incluso en una agenda legislativa, que permita promover ideas para proteger a unos y otros y desarrollar el potencial económico que puede tener esta crisis. Responder a esta coyuntura, con acciones planeadas y no reactivas, puede, incluso, convertirse en una oportunidad de empleo y crecimiento. En el pasado Venezuela le dio la mano a millones de migrantes colombianos, es hora de que Colombia les dé por lo menos una mano humanitaria a los hermanos venezolanos.
