La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto ‘La guerra va a la escuela’, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana.

Es ineludible preguntarse entonces, ¿cómo evitar que esto nos vuelva a pasar? Y una de las respuestas posibles es, asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa. 

Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso. 

Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia, se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas. 

En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar, en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios para que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia, es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.