¡289 millones de dólares! Es la escandalosa cifra que la multinacional Monsanto le debe pagar a Dewayne Johnson, un campesino estadounidense diagnosticado con cáncer terminal por manipular roundup o glifosato, herbicida de esa Compañía, ya que según un jurado de San Francisco contiene sustancias cancerígenas. 

El Gobierno anterior afortunadamente prohibió el uso del glifosato fundamentándose en que era seguramente cancerígeno para los humanos. Hoy, el Gobierno insiste en su uso, a pesar de ser altamente ineficiente, costoso y perjudicial para las relaciones del Estado con la población. Esto lo demuestra un estudio de Pascual Restrepo del MIT y de Sandra Rozo de UCLA, en el cual, por cada hectárea asperjada con este veneno, los cultivos ilícitos se reducen en 0.035 hectáreas, es decir que para eliminar una hectárea de hoja de coca se deben rociar 33, a un costo de U$72.000 cada una, de los cuales el gobierno norteamericano pone 1 dólar y el nuestro 2.2 dólares. Al frente de lo anterior, las demandas contra el Estado suman 1.73 billones de pesos. 

Esto en cuanto a lo económico. Lo más preocupante es que un trabajo de Miguel García del Departamento de Ciencia Política de los Andes, muestra que en zonas donde históricamente se han llevado a cabo campañas de aspersión, los pobladores tienen menos confianza en las instituciones del estado y, en particular, de la policía. 

Por estos motivos, es necesario desarrollar un sistema de evaluación integral en la política de drogas, donde los objetivos sean los eslabones fuertes de la cadena del narcotráfico. Toda la fuerza del Estado debe priorizarse en contra de los precursores químicos, los cristalizadores y el lavado de activos, donde Estados Unidos tendrá que colaborar y, además, mostrar resultados. 

En definitiva, la aspersión con glifosato fracasó. Es necesario que el Presidente Iván Duque le proponga a su homólogo Donald Trump, que deje de medir los resultados exclusivamente por número de hectáreas. Este indicador, que además se decidió de manera unilateral durante décadas, no ha demostrado resultados significativos en la lucha contra las drogas. 

Finalmente nos tenemos que preguntar ¿dónde queda la responsabilidad de los países consumidores? Desafortunadamente, no hay una corresponsabilidad hacia los países productores, quienes de primera mano son víctimas de todos los efectos nocivos de esta guerra absurda. En cuanto a Colombia, el cambio tiene que ser inmediato.