En un condominio, conjunto o calle nunca falta el vecino ruidoso que pone música a alto volumen, el que hace fiestas hasta entradas horas de la madrugada los fines de semana, el que saca su mascota y no recoge sus excrementos y, en consecuencia, nunca falta el que reclama por tales conductas, pero que, inexplicablemente, sale a deber por ello. 

En medio de este contexto se originan la mayoría de las discusiones entre moradores de un mismo vecindario que, muchas veces, terminan convertidas en batallas campales, por cuenta del “esta es mi casa y yo hago lo que quiera”, la máxima de aquellos vecinos que, con dificultad reconocen sus problemas de convivencia y por los que generalmente una resolución del conflicto puede tornarse interminable.  

“Los problemas más frecuentes entre vecinos tienen que ver con el consumo de licor, que acompañado de la contaminación auditiva, el desbordado fanatismo por el fútbol, junto a la ausencia de educación, desencadenan las más variadas rencillas entre vecinos, que conllevan al irrespeto por el otro”, explica Edgar Rozo, abogado y escritor, especialista en temas de convivencia. 

Su diagnóstico corresponde a una aproximación de lo que sucede con frecuencia en Cúcuta donde, según reportes policiales, en lo que va de 2024, de las 2.060 llamadas de emergencia recibidas a través de la línea 123, 945 respondieron a situaciones de riñas y 462 a contaminación acústica.
 
Esto quiere decir que diariamente se reportaron al menos 15 llamadas diarias por peleas y 7 por contaminación auditiva. Aunque la estadística no discrimina el lugar donde tuvieron lugar estos inconvenientes, a grosso modo, estas son las situaciones más citadas cuando a problemas de convivencia se refiere, independientemente del tipo de propiedad.

En este sentido, y aunque los problemas de convivencia no son exclusivos de un estrato en particular, si tienden a ser más comunes en los sectores más vulnerables.

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La falta de oportunidades, sumado a la situación de pobreza en muchos casos y el arraigo de una cultura violenta, maximiza el problema, dice el experto,  “así las cosas, el trabajo de recomponer la convivencia se hace más cuesta arriba en comparación a lo que sucede en contextos donde  las personas involucradas cuentan con mejores condiciones socioeconómicas”, sostiene. 

¿Qué pasa en conjuntos y condominios?

Una encuesta nacional hecha por la firma Properix, gestora de propiedades horizontales, dio luces sobre la situación de convivencia en edificios y conjuntos residenciales, donde los principales motivos de desacuerdos y tensiones entre los vecinos tienen que ver con el uso de las zonas comunes, como pasillos, ascensores, escaleras, parques, canchas, parqueaderos y piscinas.  

Asimismo, otros de problemas manifestados entre los residentes incluyen ruidos molestos y música alta, así como la tenencia irresponsable de mascotas, el consumo de sustancias psicoactivas y los altos costos de administración.

"Estos temas suelen ser los más frecuentes en las asambleas de residentes que se llevan a cabo justamente durante los meses de febrero y marzo, y representan un reto para las administraciones. Estas dificultades pueden generar tensiones entre residentes y evolucionar a casos más serios, como demandas, multas y sanciones", dijo Daniel Laverde, gerente comercial de Properix.

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¿Qué hacer?

Frente a los crecientes reportes de problemas de convivencia, Diego Villamizar, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, indicó que la administración municipal viene fortaleciendo las capacidades para que las casas de justicia, los centros de consolidación y las inspecciones de policía tengan las capacidades para mejorar la convivencia de la ciudad. 

Una de las estrategias planteadas tiene que ver con la capacitación, a través de las Juntas de Acción Comunal, de personas para que sean capaces de mediar en la resolución de conflictos y pongan en práctica Código Nacional de Convivencia, a través del cual se busca propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. 

El Ministerio de Justicia en su página web muestra una guía sobre qué hacer en casos de conflictos con vecinos. Al respecto, recomienda que lo primero es intentar llegar a un acuerdo amigable directamente con el vecino; si eso no funciona, acudir al Comité de Convivencia, la Junta de Acción Comunal o llamar a la línea 123 para informar a la policía.

La intervención de la policía permitirá verificar la situación, y si se confirma la infracción puede imponer un comparendo de $393.000, que el infractor puede apelar ante el inspector de policía. Si no cumple la decisión, el infractor se expone a multas o un proceso penal por fraude a resolución.

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En cualquier momento se puede intentar una conciliación ante centros de convivencia, conciliadores, la Personería Municipal o la Defensoría del Pueblo, trámites para los cuales no es necesaria la presencia de un abogado. La conciliación no tiene costo, excepto en centros de conciliación privados.

Los procedimientos pueden ser gravados y su no autorización es causal de mala conducta. En todo caso, la policía puede iniciar la intervención sin solicitud previa si observan directamente la infracción.

Los vecinos “problema” 

Los casos que llegan a instancias policiales tienen que ver con esos “vecinos problema”, con los que no hay más forma de resolver diferencias. 
Ejemplos se registran frecuentemente, sólo que unos son más recordados que otros, como el del ex militar Jhon Leo Rocha, quien fue expulsado de un conjunto residencial en Bogotá, justamente por su conducta agresiva e intimidante contra vecinos y celadores.

El sujeto no admitía reclamos de ningún tipo y reaccionaba de manera violenta frente al que osara increparlo. El conflicto escaló al punto de que los vecinos se pusieron de acuerdo para echarlo de la urbanización, hecho que conllevó la bandalización de las pertenencias de Rocha, específicamente un vehículo y una moto. 

La acción fue consecuencia del hastío que produjo Rocha entre sus vecinos, que soportaron cinco años de violencia verbal y física. Lo último que hizo el sujeto fue amenazarlos de muerte a través del grupo del condominio, situación que trajo como consecuencia que fuera enviado a la cárcel por un juez, a pedido de la Fiscalía, instancia que recogió en su contra por lo menos 50 denuncias. 

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