La presentación del documento fue aplaudida por los delegados de la JEP que viajaron a Cúcuta con la intención de conocerlo.
Con casi dos docenas de mujeres trans asesinadas en 30 años en Norte de Santander la impunidad que rodea la judicialización de los responsables, sigue siendo muy alta. Sin embargo, colectivos sociales han dado un nuevo aire para que organizaciones estatales pongan mayor atención a estos casos con la creación del informe: Hasta que nos escuchen.
Este informe condensa de forma histórica, con archivos periodísticos principalmente de La Opinión, todos los homicidios hacia mujeres trans registrados durante varias décadas en el departamento analizando la escena del crimen, los principales sospechosos y los posibles móviles que hayan arrojado las pesquisas.
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“Hicimos un proceso de investigación ligada a la comunidad LGTBIQ+ donde se encontraron situaciones de vulneración de Derechos Humanos en el Catatumbo, Pamplona, Chinácota, el área metropolitana y Cúcuta. Todo esto fue para presentarlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que ellos tomaran cartas en el asunto”, explicó Carlos Muñoz, abogado, licenciado en filosofía y principal investigador del informe.
Junto con él estuvo Joan Antonio Rodríguez, un defensor de Derechos Humanos y activista LGTBIQ+. Ellos en dos meses y medio de análisis diario crearon el informe que está siendo analizado por la JEP y la Comisión de la Verdad para conocer el paso a seguir en el esclarecimiento de estos actos violentos.
Fueron más de 50 personas las que directa o indirectamente terminaron colaborando para que la información sustraída de cada asesinato tuviera un rigor investigativo, pues apenas conocían un nuevo asesinato, buscaban la manera de contactarse con familiares o personas relacionadas a lugares que la víctima frecuentaba, para así tener una versión actual de qué había sucedido después del incidente.
¿Autoridades cómplices?
“Encontramos cosas muy interesantes. Desde 1988 hasta 2017 hay 21 homicidios de mujeres trans en el departamento, la mayoría fueron en Cúcuta específicamente en la avenida 5 con calle 7 del centro. Así mismo, se halló que en la mayoría de los casos las víctimas estaban en condición de prostitución y tenían relación con funcionarios de la Policía o el Ejército”, manifestó el investigador.
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En un radio no mayor a 2.5 kilómetros fueron asesinadas cerca de 18 mujeres trans.
Según el reporte, unidades policiales o militares, estuvieron presuntamente vinculados a los asesinatos en hechos anteriores y posteriores al crimen y aunque no se puede establecer que tuvieron injerencia en el homicidio en sí, al parecer, esta sería una de las causas que sustente el gran porcentaje de impunidad que rodea los crímenes.
En el 2010, luego de una masacre en donde asesinaron tres mujeres trans, el informe aseguró que el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en ese entonces -a su modo de ver- lo intentó justificar.
“La gente ha venido quejándose de manera continua porque los travestis utilizan su condición para atracar a personas, transeúntes e inclusive vehículos en ese sector. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar la seguridad, a pesar de algunos denuncios y tutelas de los travestis y sus representantes, porque consideran que dichos operativos les vulnera su condición de ciudadanos y travestis”, dijo, en ese entonces, el comandante.
Más vulneración de derechos
Así mismo, la Corporación Movimientos Visibles a la que están vinculados los investigadores, denunció tratos y ‘castigos’ a personas con diferente orientación sexual en municipios del Catatumbo como Tibú.
Uno de ellos, preciso el abogado Muñoz, fue la violación repetitiva a mujeres de esa región que eran lesbianas, pues para la comunidad era necesaria una ‘corrección de conducta’ porque iba en contra a lo concebido como tradicional.
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“En estos casos se pueden observar la discriminación y estigmatización que aún hoy sigue presente en muchas partes del departamento. Las mujeres que de forma libre expresaban ser lesbiana, agresores las violaban y las obligaban a tener hijos con ellos, privando directamente sus derechos”, aseguró el investigador.
La presentación del documento, hecha el 18 de marzo fue aplaudida por los delegados de la JEP que viajaron a Cúcuta con la intención de conocer el informe y afirmaron que hasta ahora, Hasta que nos escuchen había sido el mejor informe que narra hechos criminales en contra de la comunidad LGTBIQ+ en el departamento.
“Es un buen inicio, la verdad es que ha habido amenazas, advertencias, violaciones y asesinatos contra esta comunidad y creemos que con acciones como esta, volvemos a reivindicar los derechos que durante décadas han pisoteado. Esperamos que la estigmatización que vive la comunidad junto con las mujeres trans empiece a cambiar cuando se disminuya la violencia e impunidad”, concluyó Carlos Muñoz.
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