Con el fin de respetar y dar cumplimiento a las medidas cautelares impuestas por la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, sobre el Cementerio Central San José de Cúcuta en 2021, la administración municipal resolvió cerrar hasta nuevo aviso las puertas de camposanto, medida que comenzó a regir desde el pasado sábado 23 de marzo, según decreto 0182.
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Miguel Castellanos, secretario de gobierno de la Alcaldía de Cúcuta, indicó que la decisión tiene lugar luego de que los sitios de interés forense hallados por la JEP aumentaran de 22 a 40, tras la última intervención hecha en el mes de febrero, lo que implica además la extensión del cronograma de trabajo en el camposanto, que estaba previsto inicialmente hasta el mes de junio de este año.
“Aún no está definido el nuevo cronograma de intervenciones, pero desde la administración suponemos que al aumentar los sitios de interés forense, lo más lógico y probable es que aumenten las intervenciones por el resto del año”, dijo Castellanos.
No obstante, llama la atención que en el decreto expedido se indica entre las consideraciones una acción de incumplimiento a las medidas cautelares, según evidenció un antropólogo forense, sobre una inhumación que se habría llevado a cabo el 14 de marzo de 2024 en uno de los sitios de acceso y uso restringido del Cementerio Central, procedimiento que se realizó además sin el conocimiento ni autorización de ninguna autoridad municipal o la JEP.
En el mismo informe, que se levantó tras una inspección realizada el 18 de marzo, el Fiscal de Apoyo II del grupo territorial de Norte de Santander también estableció que se habían hecho 262 procedimientos de inhumación desde 2023, los últimos nueve en la vigencia de 2024.
Por otra parte y además de los argumentos que tienen que ver con las medidas cautelares, la administración municipal establece como causa de cierre, el descubrimiento hecho por la Secretaría de Salud durante una inspección el 22 de marzo, en la que observó que “el Cementerio Central ha alcanzado su capacidad máxima para inhumaciones tanto en tumbas, tierras como bóvedas”.
Para evitar este tipo de situaciones es que se aplica el cierre indefinido del camposanto, a fin de “preservar el objetivo fundamental de la JEP”. Con esta medida, se busca dar custodia y protección a los sitios de intervención forense y eliminar cualquier posibilidad de alteración de los mismos, ya que una acción de este tipo iría en detrimento de los derechos de las víctimas.
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El decreto contempla algunas excepciones, como la inhumación decretada por orden judicial y las correspondientes al proceso de inhumación administrativa en el ejercicio de las competencias como entidad territorial, determinadas en el decreto 303 de 2015, artículo 41, con relación a cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.
Asimismo, son permitidas las acciones de trabajo administrativo y de obra necesarias que realice la administración municipal en articulación con el gobierno departamental o nacional, con previa comunicación y autorización requerida ante la JEP.
Norte de Santander es uno de los departamentos donde se tiene reporte de al menos 4 mil desaparecidos víctimas del conflicto armado, de ahí el gran interés que reviste el panteón de Cúcuta en todo el proceso de reparación.
