Los productores de carbón del Catatumbo no tuvieron un buen inicio de año, porque los primeros días de enero se paralizaron a la fuerza, por la amenaza de que sería quemada toda volqueta que se movilizara desde los yacimientos de Sardinata cargadas con ese mineral, porque los empresarios no querían pagar la extorsión.
En esa ocasión, ni las autoridades ni los afectados se atrevieron a revelar el nombre del grupo armado ilegal detrás de la situación. Sin embargo, se rumoraba que era un actor que estaba en diálogos de paz con el Gobierno. Ayer, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, reveló lo que sucede en Norte de Santander.
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“Quien controla la salida y entrada de los carbones en el Catatumbo es el Eln. Y el nivel de extorsión de parte del Eln a nuestros pequeños mineros es de tal nivel que, inclusive, han promovido paros armados, para que los comercializadores y compradores suban el precio, creyendo que desde el Catatumbo se mueven los precios internacionales”, afirmó Cante.
El líder gremial aseguró que se ha originado un conflicto regional, el cual ha conducido a una disminución de la compra del mineral extraído en esta zona.
Resaltó que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha enviado mensajes a los empresarios de que “si usted no puede pagar la extorsión, hágase a un lado y entréguenos la mina”, lo cual “es grave”.
Grupos con patios propios
El gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en el departamento, Francisco Unda, señaló a La Opinión que desde 2023 han venido observando y denunciando reiteradamente cómo los grupos al margen de la ley han intentado, no solo capturar rentas, sino ejercer control sobre diversos sectores de la economía regional, entre los que se destaca la cadena productiva del carbón.
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“La extorsión y las amenazas, así como los atentados e incursiones, que fueron noticia a mediados del año pasado, evidencian su afán por decidir quién puede o no participar en la venta y comercialización de este importante producto”, sostuvo Unda.
El líder gremial recordó que, según testimonios del personal de la zona, los grupos armados han establecido patios propios buscando controlar los precios, lo que perjudica significativamente al sector. Añadió que, parece, que así quieren garantizar un monto mínimo de extorsión por cada mina.
“Es crucial resaltar que este proceso va más allá de la manipulación económica, ya que se ha identificado la intención de ‘lavar’ el carbón o disfrazar el origen de un porcentaje significativo de la producción carbonífera extraída de manera ilícita, especialmente en Tibú”.
El gerente de la ANDI indicó que la situación representa una amenaza constante para la integridad de la cadena productiva del carbón y la seguridad de los trabajadores. Por esto, instó a las autoridades a tomar medidas efectivas y garantizar el desarrollo económico en la zona.
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Eln debe dar señales de paz
La Opinión también consultó al congresista Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien señaló que la mesa de negociación con el Eln “va muy lenta”, aunque “va muy bien”, porque este actor armado sigue con sus actividades de extorsión y económicas ilegales, como lo que sucede en Norte de Santander.
“El Gobierno tiene que avanzar, no solo en el cese al fuego, que es lo que actualmente hay, sino en un cese de hostilidades, que incluye, además del secuestro, situaciones como las que están corriendo en el Catatumbo”, dijo.
El politólogo, analista e investigador expresó que ese grupo tiene que entender que hay una crisis de legitimidad del proceso, que quedó reflejada, luego que el informe de la ONU indicó que Eln no violó el cese de acciones ofensivas, pero nadie le creyó. Por eso, debe dar señales de voluntad de paz y bajar las hostilidades frente a la población civil, empresas de carbón, comerciantes, lecheros u otros sectores.
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El senador señaló que cree que el Gobierno sabe lo que sucede, por los informes de inteligencia, pues la comisión que él preside ha recibido información sobre hostilidades, no solo en el Catatumbo, también en varias zonas de Colombia.
‘La situación se normalizó’
El secretario de Gestión Minero y Energética Sostenible, César Castillo Vargas, informó que la Gobernación y su secretaría propiciaron y articularon mesas de trabajo, tras las amenazas en enero, con los carboneros, transportadores, Fuerza Pública y otras instituciones.
Castillo enfatizó que “la situación se normalizó” y están prestos a conversaciones con Fenalcarbón, para revisar la situación a la que se refirió Carlos Cante.
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