Los ‘maneros’ y ‘cajoneros’, como comúnmente se les conoce en Cúcuta a las personas dedicadas al cambio de bolívares de forma ambulante, tienen un plazo de dos meses para dejar las calles y establecer su negocio en un local comercial.
Este es uno de los principales alcances de la resolución 60 de 2016 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en agosto de este año. La normatividad, que incluye mayores controles a la actividad cambiaria en la zona de frontera, generó gran malestar entre los cambistas de la región.
Humberto Abad, uno de esos personajes que durante más de tres décadas ha trabajado con su pequeña mesa en un andén del centro de la ciudad, explicó que con esta decisión el Gobierno lo está dejando prácticamente sin trabajo, pues él no tiene los recursos para pagar un arriendo y mucho menos después de tantos meses de para y con un negocio que desde hace varios años está sufriendo por la inestabilidad fronteriza.
De acuerdo con los cálculos de la Asociación de Profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios), de los cerca de 300 operadores legales registrados ante la Dian, cerca de 50 corresponden a ‘maneros’ y ‘cajoneros’.
Consciente de la necesidad que existe de combatir la informalidad del sector –de la cual no se tienen cifras precisas– teniendo en cuenta que no hay un registro real de las personas que se dedican a esta actividad en los puentes fronterizos, Juan Fernando González, presidente de Asocambios, destacó que en este aspecto la Asociación había recomendado dejar trabajar a aquellos profesionales de las calles que ya tenían su registro legal y no otorgar más.
Sin embargo, la resolución emitida por la Dian no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas hechas desde Asocambios en la mesa de trabajo en donde participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda y otras entidades del Estado. Lo peor del caso, dijo González, es que al gremio no se le consultó la resolución durante su construcción ni se le socializó la misma cuando ya estuvo lista para evaluar su pertinencia.
Como una muestra de esta falta de comunicación, la normatividad va en sentido contrario a lo propuesto desde el departamento, aumentando los controles a tal extremo, que para muchos empresarios, especialmente los pequeños, va a ser más rentable y menos desgastante trabajar desde la informalidad. “Nosotros pedíamos que se hiciera cumplir la reglamentación que existía, pero ahora lo que se hizo fue aumentar las exigencias”, aseguró el vocero de la Asociación.
Uno de los temas que aumentaría el costo de la operación de una casa de cambio sería la implementación de los esquemas de análisis y administración de riesgos, además de la presentación de informes trimestrales.
Al respecto, González aseguró que una casa de cambio pequeña tendrá mayores problemas para cumplir con dichos requisitos, pues seguramente no tienen los profesionales para ello, por lo que tendrán que incurrir en nuevas contrataciones.
