Dos cifras marcan el deterioro de las condiciones sociales de Cúcuta. La una, referente a que existen 2.369 habitantes de calle, y la otra que la informalidad laboral ha escalado hasta el 62,3%.

Esos indicativos necesitan que haya una atención desde el Gobierno nacional, porque detrás de ellos hay afectos relacionados con problemas de carácter estructural.

Se imaginan eso que suena tan fácil de decir, como es el frío número de 2.369, pero que el ponerle rostro y figura humana  de una vez nos transporta a los duros mundos de la indigencia y de la drogadicción con todos sus fantasmas y problemas alternos que arrastran.

Está bien lo que hace la Alcaldía dentro del proceso de rehabilitación de estas personas que al haber caído en lo más profundo de la adicción a las sustancias psicoactivas hayan caído a ese escalón de deambular por las calles, pero a eso hay que incluirle con urgencia el componente nacional.

Para ello lo recomendable es que se le plantee al Gobierno del presidente Gustavo Petro que incluya  a la capital de Norte de Santander dentro del programa nacional para la atención y resocialización de los habitantes de calle, para lograr cubrir a todos en menos tiempo.

Hacerlo con el apoyo de la Dirección del Habitante de Calle, del Ministerio de la Igualdad, que tiene el propósito de construir y desarrollar una política pública nacional para esa población, resultaría más conveniente, por ejemplo en materia de recursos económicos y de otros apoyos en el campo de la salud, para lograr más cobertura, por ejemplo.

Ese paso hay que darlo, con el fin de que esa labor coordinada entre lo local y lo nacional finalmente se traduzca en que la capital de Norte de Santander fortalezca su estrategia que en la actualidad tiene cobijados a 228 y que la meta pueda ser superior a los 400 previstos.    

Además, el logro del respaldo de la administración central será mucho más fácil lograrla teniendo presente que esa es una  estrategia de tipo social y de salud para debilitar el microtráfico, puesto que entre más habitantes de calle salvados de esas garras, significarán una merma de  clientes de las drogas y  menos personas para ser utilizadas para su expendio.

Y  en cuanto a la informalidad, síntoma que siempre ha acompañado a la ciudad, hay que observar que entre sus causas se encuentran los altos costos laborales y la temporalidad de muchos puestos de trabajo.

A mediados del año pasado, en un informe de los observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana  se planteó la alternativa del salario mínimo diferencial por regiones, de acuerdo con la categorización de municipios y distritos que prevé la Ley Orgánica de Presupuesto y los tamaños de las empresas. 

A ese asunto de la informalidad hay que ponerle atención, más allá de estar ofreciendo mensualmente los datos del DANE que casi siempre muetran a la región en los primeros lugares.

Eso debe  dejarse de lado  y más bien adentrarnos, inicialmente, en un gran estudio local sobre el asunto con las diferentes perspectivas en torno al mismo y desde ese diagnóstico enfocarse en las medidas concretas para empezarlo a reducir con acciones estructurales y no de coyuntura. En Cúcuta es hora que esos viejos problemas empiecen a tener un enfoque de solución y no de simple enumeración.

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