En un hecho revictimizante se podría estar incurriendo como consecuencia de la desatención a las necesidades inmediatas de los desplazados que llegan a Cúcuta, razón por la cual la Personería lanzó la notificación de que no se está cumpliendo el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011.

Vamos por partes. Sucede que otra vez estamos ante un disparo en la llegada de personas y familias que huyen de Arauca, Tibú y la zona rural de la capital de Norte de Santander, en razón de la violencia desatada por las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y las bandas criminales.

Dos datos confirman que estamos en una cresta de la ola de desarraigo. El personero Yesid Blanco notificó que hasta en el 300% aumentaron las declaraciones de víctimas, y Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto, habló de haber recibido hasta 3.100 desplazados, crecimiento no visto en los últimos seis años.

Y aquí vienen los peros. Resulta que se está presentando el fenómeno parecido al de la salud donde en algunas instituciones el que hace el triage es el celador. Pues en este caso ocurre un hecho similar porque el vigilante es el que les entrega una ficha para una cita que puede llegar a ser hasta dentro de dos meses, en la Secretaría de Posconflicto municipal.

Y mientras hay una especie de pimpón en el que la Personería denuncia ahora con el apoyo también de la Defensoría y la Alcaldía se defiende diciendo que no hay recursos y que pedirá adiciones presupuestales, los afectados siguen al garete.

Si no hay unas acciones rápidas por parte del Estado, se está abriendo para futuras y millonarias demandas porque se está violando una norma que precisa los pasos para la ayuda humanitaria inmediata.

Surge aquí un interrogante. ¿Por qué no se le pide ayuda a la Acnur? O ¿Por qué no se acude a los buenos oficios de la iglesia?

Una puerta está abierta para lanzar ese pedido de salvavidas momentáneo, y es el pedido del personero Blanco de que se organice una medida de contingencia urgente con el fin de proteger a las víctimas y su derecho estipulado en la Ley 1448.

Entonces, es necesario sentar y exigirles una explicación a la Gobernación de Norte de Santander y a la Unidad de Víctimas, sobre qué han hecho para ayudar a enfrentar esta complicación humanitaria.

Porque es obvio que esto debemos solucionarlo, pero además es igualmente urgente lanzar la alerta nacional porque al ver uno de los focos desde están saliendo personas amenazadas, notamos que al mismo tiempo la ciudad se convirtió en expulsora del campo y receptora en el casco urbano, lo cual no se debe dejar como cualquier hecho aislado sino contrastarlo para determinar que estamos también en una oleada preocupante de inseguridad producto del conflicto armado.

El personero Blanco tiene razón en su preocupación por que las víctimas no están siendo auxiliadas; el defensor Jaime Marthey también es claro con su iniciativa de una comisión de seguimiento y es razonable lo dicho por la secretaria Montoya para mostrar lo complicado que es todo esto, como cuando le llegan al mes hasta 500 víctimas... Pero y ¿qué se le dice a una familia desplazada que no tiene dónde pasar la noche?

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